Guatemala se prepara para elegir jueces de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones

Este mes Guatemala elige a magistrados. Foto Google

La situación política de Guatemala está en constante cambio y ofrece tanto desafíos como oportunidades de progreso. Los esfuerzos por defender los derechos humanos y defender el Estado de derecho se ven constantemente atacados por actores sin escrúpulos que intentan mantener al país sumido en la corrupción y la injusticia.

Este mes Guatemala se prepara para elegir jueces para la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, un proceso que tiene implicaciones de largo alcance para los defensores de derechos humanos y el acceso a la justicia. En los últimos años, gran parte del malestar político de Guatemala se ha centrado en su poder judicial, donde los jueces han protegido a los corruptos al tiempo que penalizan a quienes impulsan reformas. Este es un momento crucial para renovar un sistema comprometido y fortalecer el poder judicial con miembros calificados.

Además, el 4 de junio, el presidente Biden emitió una nueva orden ejecutiva destinada a gestionar la frontera entre Estados Unidos y México, que incluye medidas para limitar las solicitudes de asilo y hacer cumplir los límites de encuentros diarios para adultos y familias con niños.

En GHRC creemos que el conocimiento es poder. ¡Esperamos que este resumen de noticias mensual informe e inspire a los agentes de cambio que sueñan con una Guatemala mejor!

Gobierno y políticas

• Presidente Arévalo se reúne con dirigentes de los 48 cantones

El 14 de mayo, el Presidente Arévalo convocó a una reunión con los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán en el teatro municipal de Totonicapán, como parte de su gira que continúa por Guatemala. La reunión fue motivada por un llamado de los cantones que instaban a una mayor representación e inclusión en los procesos federales de toma de decisiones. En primer plano había dos demandas apremiantes: una reducción en el costo de los gastos de vida diarios (“canasta básica”) y un proceso de solicitud acelerado para el Estatus de Protección Temporal en los Estados Unidos, un programa que permite a los inmigrantes cuyos países de origen se consideran inseguros el derecho vivir y trabajar en los EE. UU. por un período de tiempo temporal, pero extensible.

Durante el encuentro, Edin Zapeta, presidente de los 48 cantones, destacó la larga historia de ignoraciones de sus demandas y destacó la importancia de abordar temas como el desarrollo de infraestructura, la salud, la educación y una mayor inclusión en los procesos de toma de decisiones. En respuesta, el presidente Arévalo prometió priorizar estas preocupaciones y anunció el inicio de un plan de desarrollo integral para Totonicapán, que comenzará en 2025.

El Presidente Arévalo aseguró además a los asistentes que ya se habían tomado medidas para abordar las cuestiones planteadas. En particular, se habían aprobado límites de emergencia a la cantidad de maíz y frijoles que se podían comprar para ayudar a controlar el aumento de los precios de los alimentos esenciales. A través de estas garantías, el Presidente Arévalo pretendía reafirmar su compromiso de cumplir las promesas hechas durante su candidatura y colaborar estrechamente con los 48 cantones para el mejoramiento de Guatemala. El diálogo entre el Presidente.

Arévalo y los líderes de los 48 cantones señala un enfoque renovado en abordar agravios de larga data y fomentar una gobernanza inclusiva para el avance de la nación en su conjunto.

• Embajador retirado de Estados Unidos presenta amicus para destituir a Consuelo Porras

El 15 de mayo, el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, presentó un escrito amicus curiae ante la Corte Constitucional, en nombre del Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford, para respaldar la opinión consultiva solicitada por el Presidente Bernardo Arévalo en abril pasado sobre la «honorabilidad» de la procuradora general y titular del Ministerio Público, María Consuelo Porras, para ocupar el cargo. El amicus curiae describió las normas judiciales internacionales relativas a la responsabilidad de los fiscales y explicó que el sistema judicial en Guatemala no cumple con estos estándares internacionales. El escrito enfatizó la falta de un mecanismo independiente e imparcial para responsabilizar al Fiscal General, lo que viola los estándares legales internacionales y hace prácticamente imposible destituir al Fiscal General de su cargo.

• Consuelo Porras expone informe anual de progreso

El 16 de mayo, la Fiscal General Consuelo Porras presentó su informe anual de progreso en un hotel de lujo en Antigua, Guatemala. Se informó que el ostentoso evento costó más de 22 mil dólares estadounidenses. Porras informó sobre varios operativos iniciados por el Ministerio Público (PM) que, según afirmó, habían sido efectivos en el combate al crimen organizado. No se permitió la asistencia de periodistas al evento, al que asistieron numerosas personas catalogadas como “corruptas y antidemocráticas” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A pesar de los llamados del presidente Bernardo Arévalo y de la sociedad civil para que renuncie, Porras se aferra a su cargo. Actualmente se encuentra estancada en el Congreso una propuesta para modificar la ley orgánica del MP, que permitiría al presidente destituir a Consuelo Porras por su ineficiencia en el tratamiento de casos de corrupción y la persistente persecución a políticos opositores, activistas, operadores de justicia y periodistas.

• CSJ no otorga medida cautelar a magistrados del TSE

El 28 de mayo, la Corte Suprema de Guatemala negó el amparo provisional solicitado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, enfrentan un proceso penal por parte del Ministerio Público desde que confirmaron la victoria de Bernardo Arévalo en las elecciones generales de 2023. La decisión de la Corte confirma la sentencia de la Primera Corte de Apelaciones del 5 de abril, que confirmó la libertad condicional de los magistrados pero aumentó su fianza y les prohibió ejercer sus funciones. Mientras el caso continúa en el Tribunal Supremo, los magistrados han recurrido ante el Tribunal Constitucional buscando revocar la decisión provisional. El fallo del Primer Tribunal de Apelaciones no sólo elevó la fianza a Q700.000 y prohibió a los magistrados el acceso a las instalaciones del TSE, sino que además añadió un cargo de abuso de autoridad contra Palencia.

Asuntos Judiciales y Jurídicos

• José Rubén Zamora recibe arresto domiciliario pero deberá permanecer en prisión

El 15 de mayo, José Rubén Zamora, fundador y director de El Periódico , compareció ante un juez para solicitar el fin de su prisión preventiva y se le concedió arresto domiciliario. Sin embargo, no puede ser puesto en libertad porque tiene otros dos juicios pendientes en casos separados, y en estos casos no se le ha concedido la libertad. Zamora ha estado encarcelado durante más de 655 días en la base militar Mariscal Zavala en la ciudad de Guatemala. Como periodista, Zamora expuso la corrupción del expresidente Alejandro Giammattei. Fue condenado a 12 años por blanqueo de dinero, cargo considerado espurio por grupos de derechos humanos y asociaciones de periodistas. Su condena fue anulada y revocada en 2023, pero se enfrenta a un nuevo juicio y las audiencias del caso se han suspendido tres veces. A pesar de enfrentar numerosas amenazas violentas y atentados contra su vida antes de su encarcelamiento inicial, Zamora decidió permanecer en Guatemala. En la audiencia, el tribunal guatemalteco señaló que no había motivo para mantener a Zamora encarcelado ya que “no presentaba riesgo de fuga ni amenaza para ninguna investigación”.

En una entrevista previa a su audiencia, Zamora afirmó: “Si es necesario, me quedaré en Mariscal para siempre porque no aceptaré cargos por delitos que no he cometido”. Durante sus más de dos años de encarcelamiento, Zamora ha soportado un aislamiento total, plagas de insectos, traumas psicológicos y un dramático deterioro de su salud. Grupos jurídicos internacionales, como el Centro Vance para la Justicia Internacional, han denunciado públicamente la sentencia de Zamora y la violación del debido proceso público y justo. El Centro ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inste al Estado guatemalteco a tomar medidas inmediatas para garantizar sus derechos y bienestar, facilitar su liberación de la prisión preventiva y proteger la libertad de prensa y otros derechos humanos fundamentales.

• Suspendida audiencia del exfiscal Stuardo Campo

El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo permanecerá en prisión preventiva en el penal militar Mariscal Zavala. El Juzgado Noveno Penal no pudo avanzar con la etapa intermedia del proceso en su contra debido a la ausencia del Ministerio Público a la audiencia del 14 de mayo, alegando conflictos de programación con otras audiencias. Campo dijo a los periodistas: “La audiencia fue suspendida por falta de comparecencia de la Fiscalía. . . . Entiendo que es parte de la dilación maliciosa pretendida por la actual administración del Ministerio Público”. Campo enfrenta acusaciones relacionadas con los casos de corrupción que alguna vez investigó dentro del Ministerio Público. La audiencia sobre la situación jurídica de Campo ha sido pospuesta hasta el 20 de junio, por lo que también se prolonga su prisión preventiva.

• El tribunal confirma la condena del coronel y la liberación de ocho oficiales militares

El 13 de mayo, desestimando un recurso de apelación de las víctimas, el Juzgado Segundo de Mayor Riesgo confirmó la absolución de ocho de nueve personas acusadas en relación con la masacre de 25 personas, en su mayoría niños, en 1982 en Rancho Bejuco, Baja Verapaz, durante la matanza de facto. gobierno de Efraín Ríos Montt. Además, el tribunal confirmó la sentencia de 20 años de prisión impuesta al coronel retirado Juan Ovalle Salazar por crímenes de lesa humanidad. El recurso de apelación había sido interpuesto por la Asociación Bufete Jurídico.

Popular, María Natividad Alvarado, y la Procuraduría de Derechos Humanos, alegando que hubo una aplicación «errónea» de diversas disposiciones legales, incluidas las relacionadas con el debido cumplimiento. Sin embargo, su recurso fue desestimado.

Este fallo confirma la sentencia emitida en agosto de 2023, que absolvió a las siguientes personas: Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano. En esta instancia, el juez Walter Eugenio Mazariegos Culpatan aclaró que sólo se podría establecer la culpabilidad del coronel retirado Juan Ovalle Salazar por crímenes de lesa humanidad. Además, el juez afirmó durante la sentencia que el Ministerio Público (MP) no logró acreditar la participación de los ocho miembros de las Patrullas de Autodefensas Civiles en los homicidios. Por lo que ordenó su liberación inmediata.

• La jueza Abelina Cruz absuelve a múltiples funcionarios en casos de corrupción

El 16 de mayo, la jueza Abelina Cruz absolvió a varios ex funcionarios gubernamentales acusados ​​de corrupción, citando pruebas no concluyentes. Entre los exonerados se encuentra el exmilitar y congresista Estuardo Galdámez, quien enfrenta cargos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud, que abarcó de 2013 a 2014. La resolución cierra efectivamente el caso contra Galdámez, liberándolo de tener que enfrentar un juicio.

En los últimos meses, el juez Cruz también falló a favor de José Luis Benito, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos y otros imputados en el caso Construcción y Corrupción, entre otros.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), sin embargo, anunció que apeló las conclusiones de Cruz. La PGN afirmó que el fallo “impide al Estado ejercer su derecho a obtener una justa compensación de los imputados y descuida los intereses de la sociedad al no sancionar un delito de corrupción”. Además, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad interpuso un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D que benefició a Galdámez.

• Tribunal rechaza petición de soldado condenado en el caso Molina Theissen

El 15 de mayo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones en lo Penal declaró por unanimidad sin mérito las medidas de revisión solicitadas por el coronel en retiro Hugo Zaldaña Rojas, sentenciado a 58 años en el caso Molina Theissen. El tribunal negó la solicitud de arresto domiciliario debido a la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado, incluidos crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y violación. El tribunal también hizo referencia a decisiones anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• Corte Constitucional rechaza consulta presidencial sobre destitución de Consuelo Porras

La Corte Constitucional (CC) declaró inadmisible la consulta del presidente Bernardo Arévalo de León sobre la destitución de la fiscal general y titular del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta. La consulta buscó claridad sobre la autoridad del presidente para destituir a Porras de su cargo. La decisión del tribunal,

anunciada por fuentes judiciales el 27 de mayo, se produjo después de casi dos meses de deliberaciones desde la solicitud inicial del presidente.

El gobierno del presidente Arévalo había iniciado la consulta el 8 de abril, alegando preocupaciones por la «falta de honorabilidad» de Porras al afirmar que ella «no está comprometida con la lucha contra la corrupción» y, además, «consintió un intento de romper el orden constitucional y el sistema electoral». sistema político de Guatemala”. Sin embargo, la CC consideró inadmisible la consulta, afirmando que el término «honorabilidad» no era un requisito constitucional para el cargo del Fiscal General.

• En marcha la elección de representantes para la Comisión de Nominaciones de la Corte Suprema

Se inició la elección de 12 representantes por parte de los magistrados de las Cortes de Apelaciones. En la fase inicial se determinará la composición de las Comisiones de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones, siendo elegidos los 12 representantes entre 135 magistrados en una asamblea el 7 de junio mediante representación proporcional. El pasado viernes se conformó una Comisión Electoral para gestionar el proceso de elección de magistrados de la CSJ para el período 2024-2029, integrada por el magistrado Jorge Alberto González Barrios (Presidente), la magistrada Karin Sorely Gómez Girón (Vicepresidenta), la magistrada Alba Ruth Sandoval Guerra ( Secretaria), Magistrada Esmeralda Judith Orozco Navarro (Vocal), y Magistrado Frank Armando Martínez (Vocal). El Movimiento Pro Justicia ha expresado su preocupación de que los magistrados involucrados en una investigación sobre manipulación electoral de 2019 puedan ser parte de las Comisiones de Nominaciones de este año, algunos de los cuales están conectados con agentes políticos controvertidos como Gustavo Alejos y Roberto López Villatoro, y otro aparece en el programa “Engel” del Departamento de Estado de EE. UU. Lista” de actores corruptos y antidemocráticos.

Pasos hacia la justicia

• Extrabajadores mineros quieren que continúen las actividades mineras

En una protesta frente al Ministerio de Energía y Minería, ex trabajadores mineros de la mina de níquel en Izabal, Guatemala, instaron a las autoridades a reiniciar las operaciones mineras. La mina Fénix tiene una historia polémica de degradación ambiental, violencia y violaciones de derechos humanos. A pesar de una orden de la Corte Constitucional de 2019 de suspender las operaciones en espera de una consulta comunitaria, la mina continuó, lo que provocó importantes protestas de las comunidades locales maya q’eqchi’ y una represión violenta por parte de las fuerzas estatales. Estas comunidades y activistas ambientales continúan dando la alarma sobre el impacto perjudicial de la mina en el lago Izabal y sus alrededores. Las operaciones mineras han causado contaminación y agitación social, afectando negativamente los medios de vida locales.

Los exmineros de CGN y PRONICO exigen su reapertura, alegando la necesidad de empleo en la zona.

• • Detenido el activista Marco Antonio Villeda SosaArévalo llama a poner fin a la criminalización durante el 39° Aniversario de la ConstituciónEl 30 de mayo, el Presidente Bernardo Arévalo se dirigió al Congreso con motivo del 39º aniversario de la Constitución, enfatizando la importancia de la Constitución como «el principal instrumento de organización de la vida política y la mejor garantía contra el autoritarismo». Si bien reconoció las disparidades sociales y económicas existentes que obstaculizan el desarrollo, llamó a la unidad entre los legisladores para abordar estos desafíos. Destacó la próxima elección de nuevos jueces para la Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones, e instó al Congreso a apoyar la independencia judicial. A la sesión asistieron la vicepresidenta Karin Herrera, ministros y autoridades judiciales. Antes del discurso de Arévalo, el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, Oscar Cruz Oliva, destacó el compromiso del poder judicial con la defensa de la Constitución a pesar de los desafíos. El presidente del Congreso, Nery Ramos, se hizo eco del llamado a la unidad, instando a los legisladores a priorizar el diálogo por encima de los intereses personales y partidistas para el progreso del país.
    • Criminalización en curso de las protestas contra el decano de la USAC

    La Tercera Corte de Apelaciones confirmó la orden de aprehensión emitida por el juez Víctor Cruz en una causa penal que involucra al ex Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y miembros de la Universidad de San Carlos (USAC) que se opusieron al nombramiento de Walter Mazariegos como decano de la universidad . A mayo de 2024, 74 estudiantes, profesores y personal administrativo se enfrentan a la criminalización mientras el Consejo Superior Universitario (CSU) busca medidas disciplinarias en su contra por rechazar al rector de facto instalado el 1 de julio de 2022. A pesar de las acusaciones de fraude en torno a Mazariegos nombramiento, fue ratificado como decano el 14 de mayo de 2022, en medio de polémicas y denuncias de ilegitimidad. Mazariegos ha sido acusado de orquestar una campaña para criminalizar la disidencia dentro de la comunidad universitaria, dirigida a profesores y trabajadores que se opusieron a su nombramiento.

    Criminalización

  • Detenido el activista Marco Antonio Villeda Sosa
  • El 27 de mayo, Marco Antonio Villeda Sosa, fundador del «Movimiento Arbenzista», grupo que apoya la candidatura de Bernardo Arévalo, fue detenido en la sede policial de la Zona 9 de la capital. El Ministerio Público acusa a Villeda Sosa de haber agredido a un funcionario del Ministerio Público durante un allanamiento al Centro Cultural Universitario (“el Paraninfo”) en diciembre de 2023. El allanamiento estaba dirigido a quienes protestaban por la designación de Walter Mazariegos como decano de la USAC.
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• Desalojadas 48 familias q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista
• El 22 de mayo, aproximadamente 500 policías desalojaron a 48 familias Q’eqchi’ de la comunidad Buena Vista en la finca Tz’inté en El Estor, Izabal. El desalojo, liderado por el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, fue considerado ilegal por el abogado José Luis Puac, del Comité de Unidad Campesina (CUC), por falta de documentación legal adecuada y por desconocimiento de una decisión judicial pendiente a favor de la comunidad. Al parecer, las fuerzas de seguridad destruyeron viviendas y quemaron efectos personales, lo que obligó a las familias a buscar refugio al costado de una carretera.Las familias se asentaron en Buena Vista en 2015 luego de que un deslizamiento de tierra en la Sierra Santa Cruz dejara inhabitable su anterior comunidad, según confirmó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). A pesar de la promesa del gobierno de comprarles nuevas tierras, este compromiso nunca se cumplió, lo que llevó a las familias a mudarse a la granja Tz’inté. Arriaza Migoya intentó desalojar a la comunidad anteriormente en 2015. Luego del desalojo, las familias buscaron refugio en la comunidad de Santa Rosita y pasaron la noche en una cancha de fútbol. Sus cultivos de maíz permanecen en Buena Vista, lo que genera preocupación sobre su seguridad alimentaria y sus medios de vida futuros.
• • Apelada absolución de Orlando López

  El 28 de mayo, la Corte Mixta de Apelaciones de Zacapa revisó la apelación del Ministerio Público a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver del cargo de homicidio al exfiscal de derechos humanos Orlando López. El Tribunal había dictaminado previamente el 18 de marzo que no había pruebas suficientes contra López y dos agentes, Ever Ovidio Fuentes y Edwin Gudiel Baltazar, en relación con un incidente de tránsito de 2016 en Teculután, Zacapa, que resultó en una muerte. La Fundación Contra el Terrorismo, una ONG de extrema derecha conocida por atacar a activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos, también ha pedido la anulación de la decisión del Tribunal. El tribunal de apelaciones anunciará su fallo el 12 de junio a las 10:00 horas.

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