Por Ramón Jiménez
Un mayor respeto a los derechos de las comunidades indígenas en todo Estados Unidos, en particular a los indígenas de otros países que por diferentes motivos han adoptado a este país como su casa, exigieron representantes de esos grupos étnicos durante un evento que tuvo lugar este lunes en la sede de Casa de Maryland en Langley Park, condado de Prince George’s.
Uno de los programas gubernamentales duramente criticado fue el de Comunidades Seguras, que según las autoridades de Migración y de Seguridad Interna de Estados Unidos está dirigido a procesar —y finalmente deportar— a personas que han cometido delitos graves.
Sin embargo, para algunos líderes indígenas como Margarito Esquino, representante en Washington de la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS) ese programa no está cumpliendo los objetivos para el cual fue creado.
“Estamos hablando de una ley que está en contra de los derechos humanos, los que están violando tanto la policía como la oficina de Migración; donde supuestamente Comunidades Seguras está diseñado para aquellas personas que han cometido crímenes, pero sabemos que la comunidad indígena está siendo más afectada; nos han deportado a cuatro hermanos indígenas a El Salvador”, denunció Esquino.
Al evento asistieron un representante de la senadora de EE.UU., Barbara Mikulski, el jefe indígena de la Nación Piscataway, del sur de Maryland, Billy Tayac.
La oficina de Mikulski ofreció interceder para buscar una solución a los problemas que están afectando a los indígenas en todo Estados Unidos.
“Como indígena nahuat, lenca y como maya estamos denunciando que no podemos seguir soportando tanto atropello; cuando en nuestro país los indígenas hemos vivido una serie de situaciones de guerra, violación a los derechos humanos, encarcelamiento, tortura y cuando estamos en este país nos sacan como si no fuéramos seres humanos”, dijo Esquino.
Personería jurídica
Después de largos años de lucha la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS) finalmente recibió de nuevo la personería jurídica que se les había arrebatado, así como el número de indentificación tributaria que los convierte en una organización reconocida por el Estado salvadoreño.
“Le damos gracias al Creador, a la Madre Tierra y al apoyo de nuestros hermanos indígenas a nivel nacional e internacional, porque acabamos de recibir la personería jurídica y también el número de identificación tributaria (NIT) de nuestra asociación”, apuntó Esquino, quien vive asilado en este país desde 1994, después de ser encarcelado, torturado y perder a varios miembros de su familia.
La masacre, según Esquino, fue dirigida por el capitán Carlos Salvador Figueroa Morales, el mayor Oscar León Linares y el coronel Elmer González Arau, sin que hasta esta fecha haya habido alguna detención ni que los hechores hayan recibido algún castigo por los delitos cometidos.
Relator de la ONU a visitar El Salvador
El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, se reunirá con representantes organizados de esas comunidades a nivel naional el próximo 15 de agosto.
Unos de los casos a tratar será el que se relaciona con la masacre de Las Hojas, cometido por escuadrones de la muerte supuestamente dirigido por miembros del ejército salvadoreño, ocurrido el 22 de febrero de 1983, donde fueron masacrados decenas de indígenas.
El relator recibe casos de asesinatos, torturas, amenazas y otros abusos contra líderes y comunidades indígenas, violaciones de derechos de tierras y recursos naturales, desplazamiento forzado, falta de consulta previa en relación a proyectos de desarrollo, entre otros.
Procedimiento. Tras la recepción de la información, el relator determina la validez de la misma y decide la conveniencia de enviar una comunicación al gobierno concernido.
Dependiendo de la especificidad del caso, se puede decidir enviar una comunicación conjunta con otros relatores.
Seguimiento. Tras la recepción de una carta del relator, los gobiernos pueden tomar medidas e investigar los hechos y/o tomar medidas para prevenir o poner fin a una violación.
