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Por Ramón Jiménez/ML Noticias
A pesar de que la comunidad San Francisco Angulo tiene un nombre “santo”, desde hace más de cuarenta años se ha convertido prácticamente en un “infierno”, del que luchan por salir pero hay fuerzas que se oponen.
Fue en esa comunidad del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, a unos 80 kilómetros de la capital salvadoreña, donde el 25 de julio de 1981 al menos 45 personas entre mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores fueron masacradas por el ejército y grupos paramilitares, en un operativo contrainsurgente dentro de la Guerra Civil salvadoreña, que apenas comenzaba, ya que finalizó once años después.
Años después de la masacre, San Francisco Angulo ha sufrido una serie de desalojos tanto de los cuerpos militares como de los antiguos propietarios de las tierras que por largos años abandonaron, donde muchas familias construyeron sus casas.
Por desgracia, en los últimos años al gobierno de Nayib Bukele se le ocurrió construir en ese lugar el infame CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) con una capacidad para 40 mil reclusos, para lo cual se sacrificaron cientos de hectáreas de tierra productiva y numerosos árboles.
Como resultado, ahora sus ríos están siendo contaminados con las aguas negras del CECOT, y recién la semana pasada iniciaron la construcción de un relleno sanitario, pero al mismo tiempo comenzaron las protestas de la comunidad de San Francisco Angulo y otras comunidades cercanas, ya que según las autoridades, ahí depositarán los desechos de varios departamentos del país.
Las familias afectadas dieron a conocer un comunicado el 24 de noviembre a través de los medios.
“La comunidad San Francisco Angulo y comunidades organizadas del distrito de Tecoluca, en el municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente DENUNCIAMOS ante la comunidad nacional e internacional la construcción del relleno sanitario que la Asociación de Municipios de los Nonualcos, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la empresa CYEEMSAL y la Municipalidad de San Vicente Sur están impulsando en terrenos aledaños a nuestras comunidades”, señala el comunicado.
Los residentes de esa zona se quejan porque están interviniendo un sector que ha sido protegido por la comunidad, debido a que todavía hay restos humanos de la masacre de 1981, porque de las 45 víctimas solamente se han recuperado unas 30 osamentas.
También, alegan los residentes, con la construcción del relleno sanitario, destruirán una biodiversidad de árboles centenarios y porque por ahí pasa el único río que no está contaminado y es de donde se abastece de agua la comunidad.
El relleno sanitario o basurero como le llaman los perjudicados, podría contaminar el río Salamar, que abastece de agua a los cantones San Francisco Angulo, Cantarrana y la Colonia El Milagro, además de generar problemas de salud para varias familias de la zona.
“Primero fue el CECOT ahora los quieren ahogar con basura”, comentó Armando Meléndez a través de las redes.
La actividad de protesta de esta semana, fue liderada por el Movimiento por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales de Tecoluca junto con la comunidad.
Aseguran que las actividades continuarán porque quieren impedir que se construya ese basurero.
“La tierra donde se pretende construir el relleno sanitario esta regada con sangre de centenares de personas que en su mayoría fueron mujeres, niños, niñas, adultos mayores y en la actualidad es en estas tierras donde año con año conmemoramos a nuestras familias masacradas. Esta tierra cuenta con recursos culturales y ambientales de inmenso valor, árboles centenarios y riqueza de flora y fauna propia del lugar, así también se ha verificado la existencia de numerosos yacimientos de agua y se considera que la zona es un lugar propicio para la recarga hídrica”, agregó el comunicado.
En primer lugar, las comunidades San Francisco Angulo, Cantarrana, El Milagro y comunidades organizadas del distrito de Tecoluca rechazan rotundamente la ejecución del proyecto Relleno Sanitario debido a que vulnera sus derechos especialmente su derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la verdad, pues existe evidencia testimonial de haber encontrado osamentas humanas durante los trabajos actuales de terracería que se están realizando en la zona de intervención.
En segundo lugar, creen que un proyecto ambiental es más rentable para el país y sus comunidades y no un proyecto que lo único que busca son intereses económicos y políticos de las entidades que lo implementan en detrimento de la calidad de vida y el bienestar de sus familias, principalmente los niños, niñas y adultos mayores.
Por último, solicitan que el terreno donde se pretende construir el relleno sanitario sea declarado reserva ecología y patrimonio cultural.
