William Chávez, uno de las víctimas del régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, quien nunca supo por qué motivo estuvo preso más de un año. Foto cortesía.
Por Ramón Jiménez
“El tiempo perdido hasta los santos lo lloran”, reza el popular refrán que para miles de salvadoreños —hombres y mujeres de todas las edades—, es una realidad desde que en su país fue implantado un régimen de excepción que los afecta profundamente de diferentes formas, lo que se ha convertido en una crisis de graves proporciones.
No hay daño tan grande como el del tiempo perdido, tanto para una persona como para familias enteras o una sociedad completa. No hay vuelta atrás.
Es el caso de William Chávez, un joven ebanista de solo 24 años y padre de una niña de tres años, quien sorpresivamente fue sacado de su casa por elementos de la policía en un cantón de Chinameca, departamento de San Miguel, en abril de 2022.
“Ese viernes por la noche me desperté cuando llegaron a sacarme a la fuerza y el sábado ya estaba entrando al centro penal. Ahí terminaron muchos de mis sueños. Es difícil olvidar todo lo que sufrí mientras estaba en la prisión”, recordó.
Esa misma noche también fue sacado de su casa, Denis, quien era un compañero de trabajo en sus labores de ebanistería y carpintería.
Después de permanecer en prisión casi un año y cuatro meses William fue puesto en libertad el pasado mes de agosto, no así Denis, quien todavía permanece recluido sin saber por qué.
“Todavía no he superado el trauma de pasar todo ese tiempo viendo como golpeaban a los demás que se encontraban detenidos, y pensar que el próximo podía ser yo; muchos morían de los golpes ocasionados por los vigilantes del centro penal, o porque no recibían los medicamentos por enfermedades graves que padecían”, dijo Chávez en conversación telefónica con MetroLatinoUSA.com.
“Salí muy dañado de permanecer todo ese tiempo pensando en mi familia y saber que no tenían la ayuda que yo les daba, yo comiendo una tortilla con frijoles solamente dos veces al día o peor aún solo con dos onzas de agua; como resultado llegué a pesar 86 libras cuando mi peso normal es de 145 libras”, se lamentó Chávez.
Hasta el pasado 31 de octubre organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) señalan que más de 200 personas han fallecido en centros penales, aunque solo cuentan a las personas que han decidido denunciar.
MOVIR exigió a la Fiscalía General de la República «esclarecer las muertes en las cárceles para que sus familias conozcan la verdad».
El filántropo Francisco Castro como un “Ángel de la Guarda”
Pero no todo estaba perdido en la vida de William Chávez; por suerte el filántropo, Francisco Castro quien reside en el condado de Fairfax, Virginia pero es originario de la ciudad de Chinameca, ya conocía el fino trabajo que realiza el joven ebanista.
El día que Chávez y su colega fueron capturados habían estado haciendo algunas mejoras en las enormes puertas de madera de la Catedral Basílica de la ciudad de San Miguel, razón por la cual perdió su equipo de trabajo, ya que en medio de la tribulación nadie pudo ir a recoger sus herramientas.
“Fui una vez a El Salvador y me cautivó su forma de trabajar; es cierto que yo también hago trabajos de carpintería, pero no con la calidad que los hace William”, destacó Castro.
Después de permanecer por más de un año detenido y con la carta de libertad en sus manos, pero débil y traumatizado y todavía con miedo, William poco a poco se fue integrando a la vida normal pero no contaba con los recursos suficientes para reiniciar lo que sabe hacer, hasta que Castro le tendió la mano.
“A estos muchachos hay darles una oportunidad para que se sientan en confianza”, dijo Castro a este medio desde su casa en la ciudad de Fairfax, lugar donde por años celebró muchos eventos benéficos junto a esposa Sonia y miembros de la Comunidad Unida de Chinameca, para seguir ayudando por más de veinticinco años a más de cien niños del Hogar Padre Vito Guarato, cerca de los Planes de Renderos en San Salvador, y últimamente a más de 60 adultos mayores y personas con capacidades especiales en Chinameca.
Según testigos familiarizados con el tema de los privados de libertad es lastimoso ver el sufrimiento de madres ancianas, quienes llegan desde lugares distantes del país a hacer fila en la madrugada, para ser de las primeras en ingresar después de permanecer de pie hasta cinco horas para dejarles paquetes con útiles personales.
En muchos casos una sola mamá le toca llevar hasta cuatro paquetes para igual número de parientes detenidos, porque hay hasta familias enteras que guardan prisión sin tener idea de cuando serán puestas en libertad.
En muchos casos los parientes llegan en busca de los suyos, pero han sido trasladados a otro sitio lejano, por lo que salen llorando y desorientadas sin saber qué hacer.
Cada paquete mensual cuesta entre $60 y $80 dólares o más, que en muchos casos nunca se los entregan, como fue el caso de William Chávez, quien nunca recibía lo que su familia le depositaba mensualmente, y nadie se hacía cargo de los extravíos.
A decir verdad, —aunque el gobierno del presidente Nayib Bukele afirme lo contrario a los cuatro vientos—, la crisis no afecta solamente a los reos fortuitos sino también a sus familias tanto en lo emocional como en el aspecto económico.
Desde marzo de 2022 que el régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa —con mayoría absoluta del partido en el gobierno pero sumisos a las órdenes que les dicta el presidente de la república—, unas 70,000 personas han sido detenidas.
Una tercera parte de los detenidos, que los críticos llaman “secuestrados”, son personas inocentes que fueron conducidos a diferentes centros penitenciarios después de numerosas capturas arbitrarias realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en todo el país, sin ningún delito que se les pueda comprobar, ya que el estado de excepción nacional suspendió ciertas libertades civiles, incluido el debido proceso.
La gran mayoría de esa tercera parte no son llevados a una audiencia preliminar ni a un juicio, según organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en derecho procesal penal. Los privados de libertad lloran y se lamentan porque se sienten impotentes de no poder hacer nada.
Se suponía que esta medida traería seguridad a un país que durante muchos años ha sufrido elevadas tasas de homicidio, causadas por pandillas o maras involucradas en conflictos prolongados y constantes extorsiones.
Pero en 2022 el gobierno de Bukele arrestó a decenas de miles de personas, una de cada seis de las cuales, según las propias fuerzas policiales, es inocente; aunque la población civil asegura que es la tercera parte de 70,000 detenidos que son inocentes.
Las organizaciones internacionales han informado sobre abusos a gran escala de los derechos humanos en las prisiones, incluido el hacinamiento y las muertes (más de 200).
El mismo presidente Bukele, quien se autoproclamó “el dictador más cool del mundo», ha vuelto su mirada hacia las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, acusándolos de defensores de las pandillas.
Hace algunos meses, el principal medio digital de noticias independiente del país (El Faro) trasladó sus operaciones a Costa Rica, afirmando que actualmente es demasiado peligroso tener su sede en El Salvador.
“Está lejos para que haya una verdadera justicia en nuestro país; es una lástima que tanta gente se encuentre injustamente presa. Donde más veo injusticia es que las autoridades no hacen una investigación profunda antes de arrestar a un ser humano sin ninguna orden de cateo”, apuntó Castro.
