Jueces se unen para hacer frente al atentado contra la independencia judicial. Foto: EDH
La mayoría parlamentaria títere de Casa Presidencial ha perpetrado otro atentado contra el estado de derecho y la institucionalidad del país. Se trata de un nuevo golpe contra el Órgano Judicial que —en la práctica— consiste en la destitución de 156 jueces, entre éstos el juez Jorge Guzmán que lleva el histórico caso de la masacre de El Mozote y varios jueces que han procesado a exfuncionarios de gobiernos anteriores ahora vinculados al bukelismo.
Por Leonel Herrera*
Para esto el grupo parlamentario de Nuevas Ideas y sus aliados reformaron ayer la Ley Orgánica de la Carrera Judicial que obligará a retirarse a los jueces y empleados judiciales que tengan más de 60 años de edad o más de 30 años de servicio. La “bancada cyan” y sus satélites también reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía para facilitar el retiro o traslado de fiscales.
Con el falaz argumento de “depurar los jueces corruptos”, el oficialismo busca poner a sus propios jueces para tener el control total, no sólo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino de todo el Sistema Judicial. De hecho, la reforma no aplica para los magistrados de la CSJ, casi todos impuestos ya por el oficialismo.
Para instancias como CRISTOSAL y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), lo actuado por los diputados afines al presidente Nayib Bukele es una continuación del golpe contra el Órgano Judicial del pasado 1o de mayo cuando, en su primera sesión plenaria, la mayoría gobiernista destituyó en forma fulminante —sin seguir el debido proceso y sin causas justificadas— a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General.
Así el Ejecutivo ahora cuenta con una Sala que no revierte la Ley del Bitcoin, la Ley Alabí, el excesivo endeudamiento público y demás decisiones abusivas, arbitrarias e inconstitucionales de la “bancada cyan” y compañía; y también tiene a un Fiscal que canceló la investigación sobre las negociaciones del gobierno con las maras y dejó de lado los casos de corrupción en el uso de fondos públicos presentados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Por tanto, es urgente que los jueces, fiscales, trabajadores judiciales y todos los abogados decentes, honrados y trabajadores se unan para hacer frente a este atentado contra la independencia judicial y hagan frente común con todos los sectores democráticos y la población en general que no acepta esta regresión democrática y la instauración de un régimen autocrático.
Ojalá que así sea.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de ARPAS
