OEA lamenta que gobierno salvadoreño rompa acuerdo sobre CICIES

Ernesto Muyshondt García Prieto, exalcalde de San Salvador. Foto: Diariotrv.com

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lamenta profundamente el Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio de 2021, por el cual rompe el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), así como las razones expuestas en dicho comunicado.

El comunicado señala que la decisión “obedece a que la Secretaría General de la OEA contrató como asesor al exalcalde del partido Arena, Ernesto Muyshondt, procesado judicialmente desde 2016 por diversos crímenes” y que la CICIES fue creada para “luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas”.

La Secretaría General de la OEA se siente en el deber de informar:

  1. a) El señor Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó.
  2. b) Previo a hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo.
  3. c) Como es de obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos “impunidad”. Semejantes errores argumentales son inadmisibles desde todo punto de vista.
  4. d) Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización. La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país (sin perjuicio de eventualmente considerar en su momento las denuncias realizadas por el señor Muyshondt en cuanto a violación de garantías del debido proceso, a saber: prejuzgamiento del caso por integrantes del poder ejecutivo, linchamiento en redes, convocatoria de militancia política para hacer presión sobre la sede judicial, etc).

Por lo tanto, y en vista a lo anteriormente expuesto, rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador respecto a la CICIES. Diferencias éstas que estaban en conocimiento de Donantes y del propio Gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la Comisión.

En primer lugar, la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, promulgada por medio de decreto legislativo Nº7 de fecha 5 de mayo 2011 y publicado en el Diario Oficial Nº 85 Tomo 431 de la misma fecha 5 de mayo 2021; la misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad.

En segundo lugar, la decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. En dicho Informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar.

En tercer lugar, el asfixiamiento que ha realizado la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación.

En cuarto lugar, las acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración.

En quinto lugar, y en función de lo anterior, la necesidad de la aprobación de una reforma al código procesal penal para que organismos intergubernamentales como la CICIES pudieran ser querellante en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población.

En sexto lugar, la recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno.

La Secretaría General de la OEA consideraba, y así lo hizo saber a Gobierno y Donantes, que sin estos elementos “la lucha contra la corrupción” es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar este proceso.

El actual Gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría General de la OEA ha asumido siempre los principios de esenciales del Derecho Interamericano y del Sistema interamericano, aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios. Asimismo, puede estar seguro de que los continuara asumiendo, sin importar los seguros costos políticos que esto tendrá.

 

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