La historia de los movimientos sociales muestra que todo Paro que se prolonga más allá de cierto punto, se desgasta y sus metas pueden verse truncadas.
Por Mauricio Trujillo Uribe
El Comité Nacional de Paro ha convocado a una nueva jornada de protesta para el próximo 9 de junio, fecha en la que se conmemora en Colombia el Día del Estudiante Caído, en medio del pico más alto de la pandemia del Covid-19 desde que ésta comenzó el año pasado y un día después de la visita prevista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este llamado a las calles tensa aún más el pulso con el gobierno de Duque y es una apuesta por mantener la fuerza del actual Paro Nacional, un movimiento social inédito desde el Paro Nacional de septiembre de 1977.
El Comité anuncia grandes movilizaciones a falta de un acuerdo sobre el pliego de garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social que le presentó al gobierno nacional, en razón del uso desmedido de la fuerza por el Esmad —Escuadrón Móvil Antidisturbios— y la policía, entre otros hechos.
Son trágicas las cifras de heridos, muertos y desaparecidos en las manifestaciones, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales. Esto ha enardecido los ánimos, a lo cual se suma la nefasta ola de videos falsos en las redes sociales.
El pliego de garantías consigna demandas encaminadas a que se cumplan la normatividad, la jurisprudencia y los estándares internacionales en el tratamiento de la protesta social pacífica. El gobierno dio marcha atrás sobre el preacuerdo alcanzado en días pasados y dilata la negociación, denuncia el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, ¿es razonable pedir que el Esmad no intervenga cuando las manifestaciones se tornan en desmanes? Otra cosa es exigir el control del Esmad y la policía para que actúen dentro de la legalidad y la proporcionalidad, sanción efectiva para los que han cometido abusos de autoridad y la necesaria reforma de la institución policial.
La inmensa mayoría de los manifestantes protesta de manera pacífica, pero también es una realidad la presencia de encapuchados que arman deliberadamente “tropel” con la fuerza pública, destruyen buses y paraderos, comercios y oficinas, bienes públicos y privados. Los ataques a estaciones de policía y los incendios en Cali, alcaldía de Popayán, palacio de justicia de Tuluá, oficina de registros públicos de Pasto, son ejemplos de vandalismo que rayan en la criminalidad. Es un fenómeno social muy preocupante que debe analizarse, al que contribuyen la frustración, desesperanza y exclusión, y probablemente grupos al margen de la ley.
Otro punto del pliego de garantías para la protesta, es la derogatoria del decreto 571 de 2021 que ordena a los gobernadores de ciertos departamentos coordinar con las autoridades militares y de policía la asistencia militar para levantar o evitar los bloqueos en las vías. Esta instrucción genera un grave riesgo para la ciudadanía en la medida en que los soldados, que van armados, no están preparados, ni esa es su función, para sortear adecuadamente eventuales provocaciones o enfrentamientos con civiles que se opongan. Es un decreto peligroso y equivocado.
El Comité Nacional de Paro sostiene que los bloqueos hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de la protesta, siempre que no afecten la vida, la salud o la integridad de las personas. La cruda realidad es otra: la dilatada permanencia de los bloqueos perjudica gravemente a campesinos, pequeños y medianos empresarios, desabastece los alimentos y todo lo encarece, aumenta el desempleo, quiebra la industria, perjudica enormemente al pueblo y la nación. Y no han faltado actos irracionales, con el acicate de noticias absurdas en las redes sociales.
Los bloqueos ofrecen argumentos al gobierno para estigmatizar la protesta, “justificar” la militarización y condicionar la negociación. Más allá de que muchos de estos bloqueos son obra de colectivos que no se sienten conectados con el Comité, éste debe llamar no sólo a “desescalar” sino a su levantamiento inmediato y total.
Transcurrido mes y medio desde la convocatoria del Paro Nacional, hemos llegado a una situación en la que no se ha avanzado en el pliego de medidas económicas y sociales, denominado Pliego Nacional de Emergencia, que el Comité Nacional de Paro le presentó a Duque.
La reforma tributaria fue retirada, el ministro Carrasquilla renunció, la reforma a la salud se cayó y el presidente aceptó instalar una mesa de negociación, todo ello como resultado de las multitudinarias manifestaciones en el país. Sin embargo, el Comité puso como requisito para entrar a negociar ese pliego, la negociación del pliego de garantías para la protesta.
A la fecha, no hay todavía “humo blanco” sobre este último pliego y aún queda por delante el primero, cuando ambas negociaciones se podrían adelantar en paralelo. La historia de los movimientos sociales muestra que todo paro que se prolonga más allá de cierto punto, se desgasta y sus metas pueden verse truncadas.
Colombia espera logros concretos de un paro que ha traído lágrimas y sufrimiento de lado y lado. Es tiempo de alcanzar acuerdos para aliviar la situación de la gente y atender los más sentidos requerimientos de la juventud que hoy representa el 21% de la población. El Paro ha revelado una vez más el profundo malestar del pueblo, agravado por la pandemia del Covid-19, sin desconocer algunos avances del país si se miden en una escala de décadas, hoy 30 millones de compatriotas viven en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, según estadísticas del Dane.
Por ello, no hay que hacerse ilusiones frente a las élites que nos han llevado a un modelo de desarrollo inequitativo e injusto. Las transformaciones de fondo son indispensables; quizás en las próximas urnas éstas puedan comenzar a tener una opción futura. La juventud tendrá de nuevo la palabra.
Mauricio Trujillo Uribe
París, 6 de junio de 2021
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