El aumento vertiginoso en la cantidad de procesos penales contra migrantes por ingreso o reingreso ilegal al territorio de Estados Unidos supone un enorme costo humano y económico, señaló Human Rights Watch en un informe. La encarcelación de migrantes que no tienen antecedentes penales o solamente han sido condenados por delitos menores antes de deportarlos es una decisión que a menudo afecta a personas que intentan reencontrarse con familiares en Estados Unidos o escapar a la persecución en su lugar de origen, comentóHuman Rights Watch.
El informe de 82 páginas, “Turning Migrants Into Criminals: The Harmful Impact of US Border Prosecutions” (Convertir a migrantes en delincuentes: El impacto adverso de los procesos penales en la frontera estadounidense) documenta las consecuencias negativas de los procesos penales por ingreso y reingreso ilegal, que han aumentado 1.400 y 300 por ciento respectivamente durante los 10 últimos años, y cuyo volumen hoy supera a los procesos por todos los demás delitos federales. Más de 80.000 personas fueron condenadas por estos delitos en 2012, muchas de ellas en procesos grupales acelerados que vulneran los derechos de debido proceso. Muchas de estas personas son separadas de sus familias en Estados Unidos, y una gran proporción termina cumpliendo meses o incluso años en prisiones federales sobrepobladas, a un alto costo para el Estado.
“El gobierno estadounidense está convirtiendo a los inmigrantes en delincuentes al enjuiciar a muchos de ellos en vez de simplemente deportarlos”, observó Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “Muchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad pública, y son simplemente personas que intentan estar con sus familias”.
El proyecto de reforma inmigratoria del Senado, presentado por un grupo de legisladores bipartidista que se conoce como “Grupo de los Ocho” (Gang of Eight), propone incrementar en US$ 250 millones el presupuesto destinado al procesamiento penal de estos casos en Tucson, Arizona, y establecer penas máximas más rigurosas para numerosas categorías de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal. En vez de esto, el gobierno estadounidense debería poner fin a procesos innecesarios contra personas que ingresan ilegalmente al país por primera vez o en forma reincidente, comentó Human Rights Watch.
“Si el gobierno de Obama y el Congreso consideran seriamente la posibilidad de reformar el sistema inmigratorio para proteger a las familias, deberían conceder a todas las personas que han sido deportadas y separadas de sus familiares la posibilidad de demostrar que pueden hacer una contribución valiosa a la sociedad”, expresó Meng. “De lo contrario, el gobierno no podrá evitar continuar gastando millones de dólares para juzgar y encarcelar a personas que tienen fuertes lazos con Estados Unidos”.
“Turning Migrants Into Criminals: The Harmful Impact of US Border Prosecutions” se encuentra disponible en:
http://hrw.org/node/115555/
Para obtener más información acerca del trabajo de Human RightsWatch sobre políticas de inmigración en Estados Unidos, visite:
http://www.hrw.org/united-states/us-program/unfair-immigration-policies
sábado, mayo 4
