Organismos internacionales urgieron a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a respetar y garantizar los derechos de las personas que viven con VIH y a adoptar las medidas necesarias para erradicar todas las formas de estigma y discriminación contra las poblaciones clave expuestas al VIH y todas aquellas personas afectadas por el VIH en las Américas.
Las organizaciones incluyen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA (ONUSIDA), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La epidemia del VIH en América Latina está concentrada mayormente en hombres que tienen sexo con hombres, personas transexuales, personas que usan drogas inyectables o trabajadores/as sexuales, según ONUSIDA. En relación con la región del Caribe, la prevalencia del VIH entre adultos es la más alta de todas las regiones a nivel mundial, excepto por África subsahariana. El sexo sin protección, particularmente sexo entre mujeres y hombres –especialmente sexo pago- se estima que es el principal modo de transmisión del VIH en el Caribe. Sin embargo, más recientemente ha surgido evidencia que apunta a que la transmisión sustancial también está ocurriendo entre hombres que tienen sexo con hombres.
La CIDH está preocupada por los efectos del estigma social y la discriminación endémicos (lo cual en varios Estados Miembros de la OEA se manifiesta a través de la criminalización), en relación con los hombres que tienen sexo con hombres y las personas trans. Como resultado del estigma social y la discriminación, la epidemia VIH en estos sectores permanece oculta, no es reconocida y no ha sido abordada, exacerbando aún más la epidemia del VIH.
Adicionalmente, las intersecciones entre la prevalencia del VIH y las categorías sexo, género, y raza son alarmantes. La CIDH, la CIM y la OPS han destacado el riesgo exacerbado del VIH entre las mujeres en América Latina y el Caribe. Esto se debe a factores biológicos, socioculturales y económicos, además de la discriminación y violencia contra las mujeres que existe de manera sistémica en la sociedad y las relaciones desiguales de poder. Además, las mujeres a menudo se encuentran imposibilitadas de negociar sexo seguro. Asimismo, la CIDH se encuentra preocupada por la información que ha recibido en relación con las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres que viven con VIH, tales como la esterilización forzada. Más aún, la CIDH ha expresado preocupación en relación con el alto índice de prevalencia del VIH en la población afrodescendiente, lo cual se evidencia más claramente en el Caribe, América Central, Brasil y Estados Unidos.
En un informe de 2012, la CIM destacó la conexión directa entre la violencia contra las mujeres y el VIH y SIDA en Centroamérica. El análisis del marco legal en relación con el VIH y la violencia en cuatro países en dicha región concluyó que la legislación sobre VIH no incluye a la violencia contra las mujeres como un factor de riesgo, y, de manera similar, que la legislación sobre violencia contra las mujeres no incluye el VIH como una posible causa o consecuencia. La CIM también constató que algunos protocolos, regulaciones y acuerdos no contienen referencia al vínculo entre el VIH y la violencia contra las mujeres y que este enfoque no está reflejado en la formulación o implementación de políticas, estrategias, acciones o indicadores para abordar estos temas. La CIM concluyó que la falta de una comprensión complete del nexo de causalidad que existe entre las inequidades de género tanto en el fenómeno de la violencia contra las mujeres como en el del VIH en las mujeres, socava la efectividad de los esfuerzos para responder a las mujeres sobrevivientes de la violencia y/o mujeres que viven con VIH.
La CIDH ha indicado que las personas que viven con VIH y SIDA han estado históricamente sometidas a discriminación. El estigma relacionado con el VIH es endémico en las Américas, lo cual no sólo dificulta una respuesta efectiva a la epidemia pero también impacta negativamente en el ejercicio de derechos humanos. La CIDH y la CIM continúan recibiendo información que indica que el estigma y la discriminación asociadas con el VIH con frecuencia conllevan a la pérdida del empleo y la falta de acceso a créditos, pérdida de vínculos familiares y sociales, rechazo en los servicios de asistencia de salud, y violencia por parte de proveedores de salud, agentes estatales, familiares o miembros de la comunidad, así como otras formas directas o indirectas de discriminación.
Para ONUSIDA, la protección y el respeto a los derechos humanos es uno del pilares fundamentales de su estrategia en lograr su visión “cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA” en las Américas. En su Declaración Política sobre VIH/SIDA adoptada en 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas llamó a los Estados Miembros a intensificar los esfuerzos para eliminar el VIH y el SIDA y concentrar su respuesta en aquellas poblaciones que están en mayor riesgo, específicamente hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas y trabajares/as sexuales. Asimismo, la Declaración observa que cada país debe definir las poblaciones específicas que son claves en sus epidemias y su respuesta, basado en el contexto epidemiológico y nacional, evitando estigmatizar a estas poblaciones o poner en riesgo el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
La legislación y las políticas públicas vigentes en varios Estados Miembros de la OEA tienen un grave impacto en el ejercicio pleno de los derechos humanos de poblaciones claves que están en mayor riesgo de infección por VIH y personas viviendo con VIH y SIDA, y constituyen el principal obstáculo en lograr Acceso Universal a servicios relacionados con el VIH, incluyendo la prevención y el tratamiento. Varios Estados Miembros de la OEA mantienen leyes discriminatorias que criminalizan relaciones y actos consensuales entre adultos del mismo sexo, así como castigar comportamientos, asociaciones, identidades de género y expresiones de la diversidad sexual. Adicionalmente, algunos Estados Miembros continúan imponiendo restricciones discriminatorias en cuanto a la entrada, estadía y residencia basada en el VIH. Asimismo, legislaciones penales están siendo cada vez más usadas en la región para procesar y castigar la exposición y transmisión del VIH. Finalmente, la discriminación de facto basada en el sexo, género y la raza exacerban la epidemia en las mujeres y en la población afrodescendiente.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que el derecho a la igualdad y no discriminación es el pilar fundamental del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH, la CIM, ONUSIDA y la OPS han sostenido que para garantizar efectivamente el derecho a la igualdad y no discriminación, los Estados deben abstenerse de adoptar leyes y regulaciones que sean discriminatorias o que tengan un impacto discriminatorio en ciertos sectores o grupos de la población, y deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad y no discriminación.
La CIDH, la CIM, ONUSIDA y la OPS llaman a los Estados Miembros de la OEA a remover todas las barreras de derecho y de hecho que impiden el goce pleno de los derechos humanos por parte de las poblaciones clave vulnerables al VIH y, en general, por las personas que viven con VIH y SIDA. Asimismo, llaman a los Estados Miembros de la OEA a tomar medidas positivas para garantizar sus derechos humanos y a erradicar todas las formas de estigma y discriminación contra personas que viven con VIH y SIDA y aquellas afectadas por la epidemia en las Américas.
