El abogado Daniel Joya lee el pronunciamiento dado a conocer este martes en la capital estadounidense. Lo acompañan el empresario Luis Reyes y el sindicalista Ulises Miranda. Foto: Ramón Jiménez
Los integrantes del grupo Salvadoreños en el Exterior por la Defensa de la Democracia residentes en el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia expresan su oposición en contra del Golpe de Estado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y la destitución del fiscal general de la república, ocurrido el sábado 1 y domingo 2 de mayo en la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista— que obedecen al presidente Nayib Bukele.
Nosotros, ciudadanos salvadoreños residentes y ciudadanos de los Estados Unidos de América, ante las recientes destituciones de funcionarios de segundo grado y el nombramiento de sustitutos de facto, por parte de la Asamblea Legislativa [de El Salvador], manifestamos:
- Los magistrados de la Sala de lo Constitucional [de la Corte Suprema de Justicia] fueron removidos sin causa justificada, contraviniendo el Artículo 186 de la Constitución de la República y el Artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial, que es aplicable a que hace referencia el Artículo 186 de la Constitución.
Deponer a los magistrados de la Sala de lo Constitucional porque algunas de sus resoluciones no favorecieron al Ejecutivo, constituye a todas luces un golpe a la democracia. Consideramos que la verdadera razón de la destitución es eliminar los pesos y contrapesos a la gestión del actual gobierno, atentando también contra la independencia judicial para concentrar el poder político en un pequeño grupo.
II. De la misma manera, el Fiscal General de la República fue removido de forma abrupta, sin debatirse la existencia de causas legales para la destitución a que se refiere el Artículo 192 de la Constitución de la República.
Una Fiscalía al servicio del presidente permitirá la corrupción e impunidad de los miembros del gobierno de turno y sus aliados. Asimismo, presenta una amenaza de persecución y encarcelamiento de opositores al régimen, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, intelectuales y otros miembros de la sociedad que no se alineen al gobierno de turno.
III. La elección de funcionarios obedientes al Presidente de la República y no a la Constitución, elimina la protección de los derechos ciudadanos cuando sean vulnerados por el poder.
Los magistrados de facto de la Corte Suprema de Justicia, fueron elegidos sin ninguna evaluación o debate, sin considerar otros candidatos, y sin respetar las disposiciones para la elección de funcionarios incluidas en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
Por todo lo anterior, rechazamos y desconocemos esos nombramientos de facto.
IV. Expresamos nuestro rotundo rechazo por la concentración de poder en manos del presidente Bukele, siendo este hecho contrario al principio de la separación de poderes necesaria en toda democracia.
Nos preocupa enormemente el uso de elementos de la Policía Nacional Civil en la ejecución de estos actos arbitrarios, signos de retroceso cuando pensábamos que la represión era solo una mancha en la historia de nuestro país.
V. Nos sumamos a la protesta de las organizaciones de la sociedad civil que en El Salvador se han pronunciado contra estas decisiones de la nueva legislatura, que no pasan el mínimo filtro de legalidad, rompiendo con el orden constitucional y Estado de Derecho.
VI. Responsabilizamos al régimen de Bukele por cualquier acto que atente contra la vida, bienes e integridad personal de los salvadoreños, especialmente contra aquellos que hemos manifestado nuestro rechazo al autoritarismo.
Además, condenamos los ataques promovidos por funcionarios públicos, por el presidente Bukele y por personas afines al partido Nuevas Ideas, y rechazamos la utilización de las redes sociales de las cuentas oficiales o de cuentas creadas por trolls en contra de las voces que cuestionan los abusos de poder, y que señalan toda las ilegalidades cometidas por el gobierno del presidente Bukele.
VII. Solicitamos a la Administración Biden-Harris, los congresistas de nuestros estados y en especial a los Congresistas del Caucus Hispano, acciones contundentes para enviar un claro mensaje a los golpistas y a los agresores.
En países como El Salvador, una dictadura produce más pobreza y consecuentemente más migración forzada, provocando a su vez más separaciones familiares, mayor flujo migratorio, saturación de los procesos en la frontera sur del país, más obstáculos a los planes para contrarrestar la crisis migratoria que afecte la frontera sur de Estados Unidos.
Washington, D.C., 4 de mayo de 2021
