Organizaciones civiles de la región rechazamos la captura de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República en El Salvador y alertamos afectación al principio de separación de poderes en el país.
América Latina, 04 de mayo de 2021- Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, comprometidas con la defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en América Latina, rechazamos enérgicamente las decisiones adoptadas el día 01 de mayo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de remover arbitrariamente de sus cargos a los magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y de nombrar irregularmente a sus reemplazos, en violación del marco legal constitucional e internacional, y alertamos de un grave riesgo para la preservación del sistema democrático en el país.
La remoción de los altos funcionarios del sistema de justicia, adoptada por la coalición mayoritaria vinculada al partido de gobierno del presidente Nayib Bukele, fue producto de mociones parlamentarias a las que se dispensó de su trámite regular, que no fueron estudiadas ni debatidas en el procedimiento parlamentario legalmente previsto. Asimismo, los fundamentos de este pedido no tienen sustento en causales reguladas previamente, y se relacionan con acusaciones genéricas de “violación de la Constitución” en decisiones y actuaciones adoptadas por estos órganos en ejercicio de sus funciones de control. En ambos casos, no se comunicó a las personas implicadas ni los hechos que se les imputan, ni las infracciones que sustentan el pedido de destitución, y no se les otorgó la oportunidad de ejercer su defensa, violando las garantías más esenciales del debido proceso.
Seguidamente, la Asamblea Legislativa procedió a designar directamente nuevas personas para ocupar estos cargos, sin convocar a concurso público, violando directamente la Constitución Política del país. Estos nombramientos irregulares fueron impuestos por la fuerza por la Policía Nacional Civil, quien desplegó inmediatamente operativos para ocupar de facto las sedes institucionales de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.
Lo anterior se suma el desconocimiento, tanto por el presidente Nayib Bukele como la Asamblea Legislativa controlada por el partido de gobierno, de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la destitución de sus miembros, por atentar directamente contra el sistema de gobierno republicano y democrático y el principio de independencia judicial.
Los actos mencionados constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno. De manera particular, la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de
separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.
Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
FIRMAN
Abogados Sin Fronteras Canadá – ASFC, internacional
Acceso a la Justicia, Venezuela
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Argentina
American Jewish World Service -AJWS, internacional
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
Articulación Feminista Marcosur, Uruguay
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), México
Asociación Amar C, Perú
Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía, Perú
Asociación Civil Transparencia, Perú
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, España
Be Just, USA
Campaña 28 de Septiembre, regional
Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P., México
CEA Justicia Social, México
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL, regional
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” -CSMM, El Salvador
Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS, Argentina
Centro de Estudio para la Democracia -CESPAD, Honduras
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ, Venezuela
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CiiDH, Guatemala
Centro Loyola Ayacucho, Perú
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos- CALDH, Guatemala
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, México
Ciudadanos Dignos del Callao, Perú
CLADEM Bolivia
CLADEM Brasil
Coalición Regional contra el Trafico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
COFAVIC, Venezuela
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
Colectivo Justicia y Esperanza, México
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de Derechos humanos Hispano Guatemalteca
Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de Refugiados Peruanos en Chile
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Consejo Regional Indígena de Xpujil, México
Constitucionalismo Crítico, Perú
Coordinadora de Lucha Sur Sur, regional
CPM Micaela Bastidas, Perú
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA, Colombia
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano -DLM
Ditsö Costa Rica
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras
Estudio Arbizu y Gamarra, Perú
Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS, Guatemala
Fundación Ciudadanía y Desarrollo -FCC, Ecuador
Fundación CONSTRUIR, Bolivia
Fundación Guatemala
