Imagen: ACLU
Por Nestor Ikeda – Excorresponsal de AP en Washington, DC
El asedio a la libertad de prensa de parte del gobierno de turno en EE.UU. no es, sin embargo, nuevo
Las acciones del presidente Donald Trump contra la prensa durante su segundo mandato van más allá de las tensiones tradicionales entre la Casa Blanca y los medios de comunicación y plantean preocupaciones constitucionales. Sus medidas (limitar el acceso a los eventos noticiosos, preseleccionar periodistas para que le formulen preguntas y prohibir la mención de fuentes anónimas en las noticias) han generado comparaciones con conflictos presidenciales del pasado y situaciones autoritarias observadas en otros países.
Maniobras como las emprendidas por Trump significan en EE.UU. una violación de mandatos específicos de la Primera Enmienda constitucional, aprobada hace 234 años. Allí se establece que en la nación no se pondrá en vigencia «ninguna ley… que limite la libertad de expresión o de prensa». Pero, las nuevas tácticas agresivas de Trump se encaminan, otra vez, a poner a prueba los límites de esas protecciones, cuyo desenlace podría sentar un precedente peligroso, ya que puede generarse una especie de modelo a seguir en su relacionamiento con la prensa de parte de futuros gobiernos en Washington.
La extralimitación del Ejecutivo
Si bien las cláusulas de la Primera Enmienda prohíben explícitamente la interferencia del gobierno con la prensa, se ha debatido si negar el acceso de la prensa a los eventos noticiosos, como lo que Trump ha hecho con la agencia The Associated Press (AP), constituye una violación de esa Enmienda. Los tribunales han dictaminado anteriormente que el gobierno no está obligado a otorgar acceso ilimitado a la prensa, pero negarlo basándose en discriminación de puntos de vista es inconstitucional; y que el trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Blanca está tradicionalmente protegido.
Las restricciones de prensa impuestas por Trump podrían verse como un abuso de poder. El rastreo hecho por el gobierno al trabajo de los periodistas, incluidos los de AP, ha provocado reacciones negativas de los defensores de la libertad de prensa.
Donald Trump (primer mandato): hostilidad hacia la prensa
Trump ha dicho en su primer mandato (2017-21) que la prensa es el “enemigo del pueblo” y que difunde solamente “noticias falsas”. Con ese criterio, revocó la acreditación ante la Casa Blanca del periodista de CNN Jim Acosta, que un juez federal luego restableció al amparo de la Primera Enmienda. También Trump amenazó con leyes sobre difamación para castigar la cobertura de “prensa negativa”, aunque no promulgó cambios importantes.
A diferencia de presidentes anteriores, que atacaron a los medios pero permitieron el acceso continuo, las restricciones de Trump a las actividades de la prensa en su segundo mandato representan un nuevo nivel de control del acceso y la cobertura de los medios. Prohibir la mención de fuentes anónimas es particularmente alarmante, ya que obstaculiza el periodismo de investigación que ha sido un factor clave en los principales escándalos políticos estadounidenses como Watergate y los informes filtrados sobre la guerra de Irak.
Actualmente, se dan severas restricciones a los medios en Rusia, China, Turquía y Hungría; y en la propia América Latina, ocurre marcadamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En estos tres países, la supresión del periodismo independiente ha llevado a una proliferación de medios de comunicación exiliados. Los periodistas que operan desde el extranjero se esfuerzan por ofrecer noticias sin censura a sus compatriotas, a menudo recurriendo a plataformas digitales para eludir los bloqueos de información impuestos por el Estado. A pesar de estos esfuerzos, el clima generalizado de miedo y represión dentro de estas naciones plantea desafíos importantes al libre flujo de información y a los derechos fundamentales de la libre expresión y la libertad de prensa.
¿Pueden los tribunales detener las censuras de Trump?
La demanda de AP contra el gobierno de Trump pondrá a prueba si los tribunales pueden intervenir en las decisiones presidenciales de acceso a la prensa. Las preguntas clave incluyen: ¿Restringir el acceso de un importante medio de comunicación es un acto de represalia inconstitucional? ¿Puede la Casa Blanca decidir legalmente qué periodistas hacen preguntas al presidente? ¿La prohibición de mencionar fuentes anónimas infringe la libertad de prensa?
Los tribunales ya han dictaminado (1977) que la Casa Blanca debe proporcionar el debido proceso al revocar cualquier credencial de prensa; que el gobierno no puede dictar cómo los medios de comunicación informan las noticias (1974) y que la prensa tiene el derecho de publicar información gubernamental sensible (1974).
Si Trump continúa ampliando las restricciones al acceso y los tribunales le dan la razón, podría reconfigurarse el papel de la prensa en EE.UU. Si los tribunales fallan en contra del gobierno, se fortalecerían las protecciones legales contra futuras interferencias. Pero, lo hecho por Trump hasta ahora tiene ya un impacto profundo en el periodismo estadounidense. La batalla por la libertad de prensa ya no es sólo una disputa política: es una lucha constitucional que podría determinar el futuro de la prensa libre en EE.UU.
