Foto cortesía DN
En el estado de Texas, el congresista Joaquin Castro está acusando a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de intentar deportar a más personas a Venezuela tras el doble terremoto que sacudió al país. En una publicación en las redes sociales, Castro dijo que el Servicio de Inmigración había intentado deportar a familias y menores venezolanos que actualmente se encuentran detenidos en una cárcel para inmigrantes situada en la localidad texana de Dilley.
Las familias finalmente fueron devueltas al centro de detención de Dilley tras haber sido trasladadas en avión al estado de Arizona. “Es impensable enviar a niños y familias que no han cometido ningún delito a un país que está sumido en el caos debido a un desastre natural”.
Esto se produce después de que el Gobierno de Trump deportara a más de 140 inmigrantes a Venezuela pocas horas antes de que se produjera el doble terremoto. Según se cree, la mayoría de los inmigrantes deportados murieron tras quedar atrapados en un hotel de la ciudad de La Guaira que se derrumbó a causa del seísmo.
Organizaciones por los derechos humanos exigen el fin de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela mientras la cifra de muertes por los terremotos supera las 2.000
Una coalición de organizaciones pacifistas y de defensa de los derechos humanos está pidiendo al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio que levanten todas las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, al tiempo que el número de muertes por el devastador doble terremoto ocurrido la semana pasada sigue aumentando y quienes abogan por el envío de ayuda humanitaria advierten que el pueblo venezolano enfrenta una creciente crisis sanitaria y de hambre.
En una carta a la que tuvo acceso el medio de comunicación Common Dreams, las organizaciones escriben: “Mientras se mantengan las sanciones económicas generalizadas y los activos venezolanos permanezcan congelados en el extranjero, la reconstrucción enfrentará un retraso innecesario y millones de personas seguirán sufriendo”.
La carta ha sido firmada por decenas de organizaciones, entre las que se encuentran el centro de estudios Quincy Institute for Responsible Statecraft y el Centro de Investigación Económica y Política. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el costo de los daños causados por los terremotos asciende a 6.700 millones de dólares. El miércoles, el número de muertes ya había superado las 2.000, aunque se estima que esa cifra podría ser mucho mayor ya que decenas de miles de personas siguen desaparecidas.
