Por Leonel Herrera*
Hoy fue condenado en España el coronel Inocente Orlando Montano, uno de los responsables de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, uno los crímenes más horrendos cometidos por las Fuerzas Armadas al final de la guerra civil salvadoreña.
La Audiencia Nacional española condenó al exviceministro de Seguridad Pública y miembro de la llamada “tandona” a 133 años de cárcel: 26 años por cada uno de los cinco asesinatos. La condena, sin embargo, no puede ser mayor de 30 años y, además, se le descontarán los 9 años de prisión preventiva.
Así que este criminal de guerra, delincuente de lesa humanidad y violador de derechos humanos pasará 21 años tras las rejas por el asesinato de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. Queda pendiente condenar al exjefe militar por el asesinato del jesuita salvadoreño Joaquín López y López y las también salvadoreñas Elba Ramos y su hija Celina de 16 años.
También está pendiente enjuiciar a los demás responsables de la masacre en la UCA. Por tanto, la pregunta es: ¿cuándo habrá justicia en El Salvador? ¿Cuándo serán procesados el expresidente Alfredo Cristiani y los demás integrantes de la “tandona” que acordaron “eliminar al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos”? ¿Cuándo —Fiscalía y Sistema Judicial— enjuiciarán a los generales Rafael Bustillo, Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes?
Coronel Inocente Orlando Montano.
Esto no sería un pendiente y los mencionados exaltos mandos militares estarían ahora condenados junto a Montano si la Corte Suprema de Justicia salvadoreña hubiera permitido su extradición a España en mayo de 2012 y en agosto de 2016.
En esta deplorable operación de impunidad participaron también los dos “gobiernos de izquierda” presididos por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, respectivamente. En agosto de 2011, el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, permitió que los exmilitares requeridos por la Justicia española se refugiaran en una guarnición castrense, mientras la Corte definía su suerte; y en febrero de 2016, la Policía no hizo efectiva la orden de captura internacional, limitándose a detener a únicamente a un par de autores materiales.
Entonces, señor Fiscal General y señores Jueces y Magistrados, !cuándo¡, ¿cuándo habrá justicia en El Salvador? !Cobardes!, deberían sentir vergüenza de que se haga justicia en un país extranjero y no en el nuestro.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS)
