Foto cortesía NBC Washington
La desaparición de los estudiantes, ocurrida tras apoderarse de varios autobuses para dirigirse a una protesta, conmocionó a México y a la comunidad internacional, y sigue generando indignación en el país.
CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades mexicanas han detenido al exgobernador del estado sureño de Guerrero por su presunta implicación en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un caso que se ha convertido en símbolo de la impunidad y de la participación del Estado en la violencia de los cárteles.
La Fiscalía Federal informó el jueves que detuvo a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, bajo acusaciones de «ocultar pruebas para determinar el paradero de los estudiantes» de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El exgobernador —perteneciente al partido del cual surgió el actual partido gobernante de México, Morena— protagoniza una de las detenciones de mayor perfil en este caso hasta la fecha, tras el arresto del exfiscal general federal Jesús Murillo Karam, quien enfrenta cargos penales por desaparición forzada, obstrucción a la justicia y tortura. Aguirre gobernó Guerrero desde 2011 hasta su renuncia en octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los estudiantes.
La desaparición de los jóvenes, ocurrida tras apoderarse de varios autobuses para dirigirse a una protesta, conmocionó a México y a la comunidad internacional, y sigue alimentando la indignación en el país a medida que la verdad sobre el caso continúa revelándose poco a poco, más de diez años después.
Ernestina Godoy, fiscal general de México, declaró que dos testimonios recabados este año indican que Aguirre no solo solicitó a los funcionarios que entregaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de uno de los lugares donde ocurrió el ataque aquella noche, sino que también ordenó la destrucción de cualquier prueba relacionada con los hechos.
«La Fiscalía General cuenta con pruebas que demuestran que esta orden de ocultar la evidencia fue emitida directamente por el entonces gobernador, con la participación de funcionarios estatales de alto nivel», afirmó.
«Lejos de ser un acto aislado o un descuido técnico, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación maliciosa, orquestada deliberadamente desde los niveles más altos del Poder Ejecutivo estatal». Godoy no explicó por qué los testimonios de un colaborador y de un testigo protegido, recabados en enero y mayo de 2016 respectivamente, se obtuvieron más de una década después de los hechos. Solo indicó que, al llegar a la Fiscalía General a finales del año pasado, inició un «reanálisis» del caso con un «nuevo enfoque de investigación».
Tras tres administraciones, decenas de detenciones y una investigación plagada de irregularidades, quedan preguntas clave sin respuesta. Las autoridades creen que los estudiantes fueron asesinados, pero solo se han hallado fragmentos óseos de tres de ellos y el móvil del ataque sigue sin estar claro, aunque se presume que estuvo vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Según las autoridades mexicanas, un cártel de la ciudad de Iguala atacó a los estudiantes en varios puntos en complicidad con las fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército.
En uno de estos lugares, frente al Palacio de Justicia —sede de los tribunales—, había cámaras que grabaron el momento en que las fuerzas de seguridad detuvieron uno de los autobuses; sin embargo, las declaraciones oficiales iniciales sostenían que dichas imágenes no existían. Ahora, la fiscalía federal confirma lo que investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron hace años: que esas grabaciones fueron ocultadas o destruidas para encubrir pruebas.
La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó entre 2018 y 2024, calificó el caso Ayotzinapa como un «crimen de Estado».
Durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, la mandataria informó que se reabrieron nuevas líneas de investigación, algunas de las cuales —según la fiscal— han conducido a la detención del exgobernador.
Reportaje de The Associated Press publicado por NBC.
