Monumento a los caídos en la masacre de El Mozote. Foto: unfinishedsentences.org
EL SALVADOR y COSTA RICA, 3 de febrero de 2021.- De cara a la Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento de la sentencia dictada en 2012 sobre el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para este 4 de marzo de 2021; las organizaciones que conformamos la Mesa Contra la Impunidad El Salvador (MECIES), Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto recordamos al Estado salvadoreño que es hora de poner fin a los casi 40 años de impunidad.
Las masacres de El Mozote y lugares aledaños constituyen el asesinato masivo más grande cometido por un Estado que ha sido conocido por la Corte IDH. Se trata de un caso emblemático que ejemplifica los atroces ataques que la población civil sufrió durante el conflicto armado salvadoreño por parte del ejército, y es el único en el país donde se ha observado avances en las investigaciones internas gracias a la lucha incansable de las víctimas que ha llevado el caso ante instancias internacionales logrando la Sentencia de la Corte IDH en el año 2012.
Sin embargo, El Salvador está viviendo un contexto preocupante que pone en riesgo el esclarecimiento del caso, el acceso a pruebas vitales y la garantía de justicia para las víctimas y sus familiares, así como el conocimiento de la verdad para ellos y la sociedad en general. El Estado ha incumplido sistemáticamente sus responsabilidades y los avances en las investigaciones son insuficientes, manteniéndose la deuda histórica con la población salvadoreña. La ausencia de espacios de diálogo con las organizaciones de víctimas y sus representantes, la obstrucción al acceso a documentación –especialmente de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad de la época– de utilidad para las investigaciones, la búsqueda y localización de personas desaparecidas, entre otros, son muestras manifiestas de la intención de mantener el caso en la impunidad y suplantar la verdad con el olvido.
El debilitamiento institucional y la falta de voluntad para avanzar de manera sustantiva en los casos, es preocupante. La Fiscalía General de la República no ha avanzado en la investigación en ninguno de los cerca de ciento sesenta casos que han sido presentados por las víctimas a lo largo de los años. Asimismo, la unidad fiscal creada para atender los casos del conflicto armado no ha contado con recursos suficientes para cumplir diligentemente con su mandato, lo cual ha servido de justificación para que los casos estén paralizados.
Por ello, luchar por la justicia es más que nunca un imperativo. Las víctimas y sus familiares, organizaciones de la sociedad civil, movimientos por los derechos humanos nacionales e internacionales se han solidarizado con el caso por la magnitud del crimen y porque representa la primera oportunidad para que se haga justicia a nivel interno por hechos de violencia del conflicto armado. Por esta razón, quienes suscribimos, rechazamos las acciones del Estado que han obstaculizado reiteradamente el esclarecimiento de los hechos.
Esta audiencia pública es una oportunidad para que la Corte Interamericana reitere el deber del Estado salvadoreño de implementar la sentencia del Tribunal regional, garantizando que la investigación sin demora del caso permita identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de estos graves hechos, tras casi cuatro décadas de obstáculos y dilaciones para el acceso a la justicia. Es importante reconocer que el avance de este caso en la justicia salvadoreña se debe a una labor judicial congruente, objetiva y sensible con las víctimas, por lo que insistimos en la obligación de las instituciones del Estado en colaborar con el sistema judicial en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, en el marco de esta audiencia de supervisión hay una oportunidad para que el Estado salvadoreño reporte avances en el cumplimiento de la sentencia del máximo Tribunal regional, particularmente y materia de esta audiencia:
- Sobre el proceso legislativo para dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (Ref: 44-145/2013 ) pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016.
- Sobre la apertura y acceso a los archivos históricos del conflicto armado, especialmente de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad de la época, en las investigaciones judiciales o administrativas.
Las organizaciones firmantes, acompañamos a las víctimas de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños y a lo que su lucha representa para El Salvador y para toda la región. Por la memoria y justicia para las víctimas, sus familiares y el pueblo salvadoreño, la impunidad no debe imperar más sobre hechos que han lastimado tanto la dignidad de un país.
Mientras caminamos a su lado en la búsqueda de la verdad, traemos a la memoria la frase grabada en una plaza de El Mozote: “ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado son articulaciones conformadas por un conjunto de personas y organizaciones que trabajamos a favor de la justicia transicional y memoria histórica en El Salvador, a partir del trabajo constante e incidencia que favorezcan el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas, sus familias y el pueblo salvadoreño.
