CICIES: el ocaso de la lucha contra la corrupción

El secretario general de la OEA, Luis Almagro y la canciller salvadoreña Alexandra Hill cuando anunciaron el lanzamiento de la CICIES en septiembre de 2019. Foto: dirariolahuella.com

En dos años de gobierno, el presidente Nayib Bukele ha desmantelado la institucionalidad del país, especialmente la relacionada con transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. El cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) es el final de este proceso, pues anula la última instancia que podría investigar anomalías en la administración pública.

Por Leonel Herrera*

Bukele comenzó su gestión eliminando la Secretaría de Transparencia creada por el gobierno anterior y los actos de rendición de cuentas que ésta promovía, desnaturalizó las Oficinas de Atención y Respuesta (OIR) y aprovechó la pandemia del COVID-19 para también “poner en cuarentena la información pública”.

Luego el presidente tomó el control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), nombrando comisionados obedientes que se sometieran a los designios Casa Presidencial.

Finalmente, con la súper mayoría en la nueva legislatura, Bukele pisó el acelerador con la aprobación de la “Ley Alabí” y la elección de un fiscal general servil. Lo primero impide investigar el uso irregular de fondos públicos durante la pandemia y lo segundo asegura que las investigaciones que realizaba la Fiscalía no continúen.

Pero al mandatario le quedaba un último escollo: la CICIES, que fue su principal promesa electoral y funcionaba con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En abril de este año, su representante, Ronald Ochaeta, informó que había presentado doce casos de posible corrupción gubernamental, asistido a la Fiscalía en otros veinticinco casos y auditado el 81% de los gastos durante la emergencia sanitaria.

Foto: eleconomista.net

La semana pasada, el fiscal general Rodolfo Delgado anunció la suspensión del convenio con la CICIES poniendo como pretexto el nombramiento del ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, como asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Más tarde Bukele respaldó lo actuado por el fiscal, confirmando que fue decisión suya.

El presidente Bukele hizo campaña con un discurso anticorrupción y ganó las elecciones exigiendo que “los mismos de siempre” “devolvieran lo robado”. Sin embargo, dos años después, su gobierno se caracteriza por la opacidad, la intransparencia y numerosos indicios de corrupción en el uso de fondos públicos; además del desmedido endeudamiento, el autoritarismo y otros aspectos que no son tema de este editorial.

Ojalá, más temprano que tarde, la mayoría de la población se de cuenta de esta triste situación.

*Leonel Herrera es director ejecutivo de ARPAS

 

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