Edificio del Departamento de Justicia en Washington, D.C. Foto archivo.
Los acusados y co-conspiradores operaban un bufete de abogados ficticio, solicitaban “clientes” en Facebook y llevaban a cabo procedimientos de inmigración falsos.
BROOKLYN, NY, 20 de febrero de 2026 — Hoy temprano, se reveló parcialmente una acusación formal de cinco cargos en el Distrito Este de Nueva York, que acusa a cinco acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y dos cargos de suplantación de identidad de un funcionario o empleado de los Estados Unidos.
Tres de los acusados, Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, fueron arrestados esta tarde en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban abordar un vuelo a Colombia con boletos de ida. Marlyn Yulitza Salazar Pineda fue arrestada en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto acusado no se encuentra bajo custodia estadounidense.
Daniela, Jhoan Ramírez y Marlyn Pineda están en libertad condicional, y Alexandra Ramírez se encuentra en Estados Unidos con una visa de turista. Daniela, Jhoan y Alexandra Ramírez son hermanos. Los cuatro acusados arrestados comparecerán mañana por la mañana en el tribunal federal de Brooklyn ante la jueza magistrada estadounidense Peggy Cross-Goldenberg, del Distrito Este de Nueva York.
“Como se alega, los acusados socavaron la integridad de nuestro sistema de inmigración haciéndose pasar por jueces, agentes del orden público y abogados, y atacando a miembros vulnerables de nuestra comunidad que buscaban contratar abogados para resolver asuntos legales delicados”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr. para el Distrito Este de Nueva York. “Los acusados robaron descaradamente el dinero de sus víctimas y las engañaron enviándoles documentos falsos y realizando procedimientos judiciales simulados. Felicito al equipo de la fiscalía de nuestra Oficina y a los agentes del orden público, cuyo arduo trabajo ha desmantelado este elaborado y escandaloso plan”.
“Denunciamos a quienes se aprovechan de quienes intentan evadir el sistema de inmigración”, declaró el Inspector General Joseph V. Cuffari, Ph.D., de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Haremos responsables a cualquiera que cometa fraude o se haga pasar por funcionarios del gobierno. Agradecemos a todos nuestros colaboradores en las fuerzas del orden que trabajaron para desenmascarar este esquema y llevar a estas personas ante la justicia”.
“La Oficina de Responsabilidad Profesional, en coordinación con nuestros otros socios federales en la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de la CBP, el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DSS), logró detener un esquema ilegal que afectaba a cientos de víctimas potenciales y generaba cientos de miles de dólares en ganancias ilícitas, las cuales se enviaban a Colombia, la base de operaciones de la Organización Terrorista Extranjera”, declaró Ryan Hill, agente especial interino a cargo de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Campo de Nueva York (CBP-OPR) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
“Hacerse pasar por abogados de inmigración y funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo oficiales de la CBP y el USCIS, y personal de la Embajada de EE. UU., para aprovecharse del miedo ajeno es repugnante. Estos criminales enfrentarán ahora graves consecuencias por sus atroces actos”.
Como se establece en la acusación y otros documentos judiciales, los acusados y sus cómplices se hicieron pasar por abogados de inmigración y dirigían un bufete ficticio de abogados de inmigración llamado «CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria». Tras captar posibles clientes, principalmente en Facebook, los acusados y sus cómplices cobraron a sus víctimas honorarios que oscilaban entre cientos y miles de dólares por servicios y asesoría legal inexistentes. Ninguno de los acusados ni sus cómplices identificados eran abogados colegiados o con licencia para ejercer la abogacía en ninguna jurisdicción de Estados Unidos.
Tras recibir los fondos de las víctimas, los acusados y sus cómplices fingieron representar a sus «clientes». Transmitieron documentos que parecían oficiales porque incluían símbolos de agencias del gobierno de Estados Unidos. Algunos de estos documentos hacían referencia a los casos reales de las víctimas pendientes en el tribunal de inmigración o indicaban que se habían resuelto satisfactoriamente. En realidad, ninguno de estos documentos era legítimo, emitido por ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos.
Los acusados y sus cómplices también facilitaron procedimientos migratorios simulados, incluyendo entrevistas de asilo y comparecencias judiciales, en los que las víctimas participaron por videoconferencia. En algunos de estos procedimientos ficticios, los acusados y sus cómplices se hicieron pasar por jueces de inmigración, agentes de la CBP y el USCIS, y abogados de inmigración. Vestían togas judiciales y uniformes de las fuerzas del orden, y aparecían frente a fondos que simulaban salas de audiencias y oficinas gubernamentales, con sellos y banderas de las agencias. Durante estas videoconferencias, los impostores hicieron preguntas personales delicadas a las víctimas y les solicitaron su información personal de identificación.
En ocasiones, los acusados y sus cómplices afirmaron falsamente que estos procedimientos simulados habían resuelto los casos de inmigración pendientes de las víctimas. Como resultado, las víctimas no comparecieron ante el tribunal de inmigración, lo que resultó en que al menos una de ellas recibiera una orden de deportación sin saberlo.
En total, la investigación ha identificado más de $100,000 en transacciones fraudulentas transmitidas por las víctimas a los acusados y otras personas asociadas con el falso bufete de abogados CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria.
Cada acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Los acusados arrestados :
- DANIELA ALEJANDRA SÁNCHEZ RAMÍREZ
- Edad: 25
- Ibagué, Colombia y Green Brook, Nueva Jersey
- MARLYN YULITZA SALAZAR PINEDA
- Edad: 24
- Ibagué, Colombia y North Plainfield, Nueva Jersey
- JHOAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ
- Edad: 29
- Ibagué, Colombia y Green Brook, Nueva Jersey
- ALEXANDRA PATRICIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
- Edad: 38
- Ibagué, Colombia
Expediente EDNY N° 26-CR-37 (SJB)
Los cargos del escrito de acusación son acusaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
