Por Leonel Herrera*
Como parte del balance del segundo año de gestión del presidente Nayib Bukele, es necesario evaluar la situación de la libertad de expresión, el acceso a información y el rol de los medios de comunicación. Para contribuir a esta tarea retomamos los cinco puntos señalados por la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) a inicios de semana.
Falta de acceso a información pública y desmantelamiento del IAIP. El gobierno violentó sistemáticamente la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y tomó el control del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) nombrando a los comisionados Ricardo Gómez, Luis Suárez y Roxana Soriano, afines a Casa Presidencial. Esa falta de acceso a información impide el ejercicio de derechos ciudadanos, el rol del periodismo crítico y la rendición de cuentas de funcionarios e instituciones.
Descalificación y ataques digitales contra periodistas y medios críticos. Desde el Ejecutivo se descalifica y estigmatiza a periodistas y medios críticos, especialmente a los que revelan casos de corrupción, denuncian arbitrariedades o retoman críticas de la comunidad internacional. Este tipo de atropellos también los sufren ciudadanos/as que disienten del discurso único oficial que se impone como verdad absoluta en el imaginario colectivo.
Consolidación de un aparato propagandístico financiado con dinero público. La administración Bukele ha consolidado un enorme aparato propagandístico pagado con fondos públicos. Éste incluye a la radio y televisión nacional, un diario impreso, medios privados bajo control del Consejo de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (CONAB), televisoras y radios comerciales cooptadas por la publicidad oficial, periódicos digitales y el uso intensivo de redes sociales, sobre todo Tuitter y Facebook.
La pauta publicitaria utilizada como “premio o castigo” hacia los medios. El gobierno asigna publicidad estatal a medios de comunicación afines, como “premio” por su condescendencia y perspectiva acrítica sobre su gestión; mientras excluye, como “castigo”, a radios comunitarias, medios independientes y otros que no se alinean a la omnipresente narrativa oficial.
Cierre de medios comunitarios. Tres radios comunitarias fueron cerradas en febrero de este año, con el argumento de que “no tienen autorización”. En la resolución, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) amenazaba con una multa de casi medio millón de dólares ($454,000) a cada radio si continuaba transmitiendo. Es condenable que, con la excusa de “aplicar la ley” y “ordenar el espectro radioeléctrico”, se cierren medios de las comunidades.
Así que, entre los derechos humanos vulnerados durante el segundo año de la administración Bukele, el derecho a la comunicación ha sido uno de los más violentados. Esto hace aún más necesario el reclamo de la ciudadanía democrática y la vigilancia de la comunidad internacional.
Ojalá que así sea.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de ARPAS
