Críticos dicen que peruanos en el exterior no son peruanos
Por Néstor Ikeda
La elección general peruana de 2026 ha revelado una tensión estructural que el país ha evitado enfrentar durante décadas: la distancia entre una ciudadanía globalizada y un Estado que sigue operando bajo supuestos territoriales del siglo XX.
Más de 3.5 millones de peruanos residentes en el exterior, equivalentes a cerca del 10% de la población nacional, viven fuera del Perú. De ellos, más de 2 millones están calificados para votar en una elección popular. Su peso demográfico y la estrechez del resultado nacional han convertido al voto exterior en un factor potencialmente decisivo. La reacción de algunos sectores —proponiendo eliminar el sufragio de estos peruanos— no solo es políticamente inquietante, sino que expone la fragilidad de un sistema que no ha sabido integrar a su diáspora en su arquitectura institucional.
Este episodio no es un accidente coyuntural. Es el síntoma de un problema más profundo: Perú ha globalizado su economía y su demografía, pero no su democracia. Tiene, pues, una diáspora económicamente central para sus intereses de progreso, pero políticamente marginal
Las cifras son claras. Las remesas enviadas por peruanos en el exterior superan los 5,300 millones de dólares anuales, equivalentes al 1.6% del PBI. En varias regiones del país, estos flujos superan la inversión pública local. Las remesas han funcionado como un estabilizador macroeconómico informal, especialmente en periodos de crisis política o recesión. Sin embargo, esta importancia económica no se traduce en presencia política. La diáspora peruana carece de representación institucional estable, mecanismos de consulta, plataformas de articulación política y canales formales de incidencia en políticas públicas.
El Estado peruano se relaciona con sus ciudadanos en el exterior principalmente a través de servicios consulares, cuya función es administrativa, no política. Con esos servicios proporciona a sus connacionales expatriados documentos actualizados para que sean peruanos activos y tengan, por lo tanto, habilitada su participación en la vida nacional, convirtiendo así la centralidad económica y marginalidad política en una asimetría que genera un vacío que se vuelve explosivo cuando el voto exterior adquiere relevancia electoral.
El dilema democrático: Estados territoriales, ciudadanías transnacionales
El caso peruano ilustra un desafío que enfrentan muchas democracias contemporáneas: cómo integrar políticamente a ciudadanos que viven fuera del territorio nacional, que se han transculturizado y quizás piensen como ciudadanos de las naciones que los albergan, pero que siguen siendo parte activa de la comunidad política de su país de origen. Perú opera bajo un modelo de representación estrictamente territorial. Los partidos políticos, el Congreso y la administración pública están diseñados para interactuar con
ciudadanos residentes en el territorio nacional. Pero la realidad demográfica del país ha cambiado radicalmente. En las últimas tres décadas, la emigración masiva ha creado una comunidad transnacional que mantiene vínculos económicos, familiares y culturales con el país, pero que no encuentra un espacio institucional dentro del sistema político. Esta desconexión genera tres tensiones:
Tensión de legitimidad: cuando el voto exterior influye en resultados estrechos, su legitimidad es cuestionada por actores internos, algunos de los cuales posiblemente la promovieron.
Tensión de representación: la diáspora carece de mecanismos para expresar intereses colectivos. No tiene, por ejemplo, un partido político exclusivo que represente y gestione sus ideales.
Tensión de gobernanza: el Estado no posee estructuras para integrar a una ciudadanía distribuida globalmente. Y en la mayoría de casos, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, no puede siquiera comunicarse con todos los habitantes del país.
La elección de 2026 no creó estas tensiones; simplemente las dio más visibilidad. Por qué el voto exterior se convirtió en punto de conflicto
En un contexto de polarización y desconfianza institucional, cualquier actor inesperado se convierte en sospechoso. La ausencia de estructuras políticas en el exterior facilita que el voto PEX sea percibido como un bloque amorfo, vulnerable a narrativas de deslegitimación, disruptivo y finalmente inútil.
Tres factores explican la reacción adversa:
Tres factores explican la reacción adversa: Fragilidad institucional: la inestabilidad política de la última década en Perú ha erosionado la confianza en los procesos electorales.
Desorganización de la diáspora: sin plataformas ni vocerías, la diáspora no puede defender su legitimidad.
Vacío normativo: Perú carece de una política de Estado hacia su población migrante.
El problema no es que la diáspora vote. El problema es que el sistema político no sabe qué hacer con una diáspora que vota y que, además, puede decidir una elección. Si Perú desea evitar que este debate se repita en cada ciclo electoral, debe emprender una reforma estructural que reconozca a la diáspora como un componente permanente de su comunidad política. Esto requiere pasar de la reacción coyuntural a la planificación institucional. El imperativo estratégico es, entonces, modernizar la arquitectura democrática del país.
Cómo fortalecer el papel de la diáspora y consolidar su legitimidad democrática
Región 27 es como se denomina a la jurisdicción de votantes peruanos en el exterior en el mapa peruano, pero no cuenta para nada en la desordenada vida política peruana.
Hay una verdad que nadie quiere decir en voz alta: el Perú solo recuerda de esta región cuando necesita sus votos o su dinero. El resto del tiempo, no cuenta, no es escuchada, es invisible, es un fantasma.
Para integrarla a la vida política peruana, esta región necesita:
- Ser institucionalizada como circunscripción política real. La política exterior peruana debe reconocer que la diáspora es un actor estratégico, no un usuario administrativo que necesita solo servicios consulares.
- Tener un liderazgo colectivo capaz de negociar con el Estado. (La Región 27 tiene dos diputados y un senador, pero carece de liderazgo propio; sus legisladores son parte secundaria en la distribución de las jurisdicciones de los partidos políticos).
- Establecer un padrón electoral PEX autónomo y actualizado y garantizar su representación proporcional según su población a fin de que tenga la participación necesaria para transformarse de agregado estadístico a actor político formal.
- Crear un Consejo Nacional de la Diáspora Peruana (CONADIPERU) como órgano permanente, con rango consultivo y capacidad de incidencia. Este consejo debe articular políticas públicas para los peruanos en el exterior, coordinar políticas de acción con Cancillería, Congreso, gobierno central y gobiernos regionales; emitir informes y recomendaciones vinculantes en temas migratorios y supervisar la calidad de los servicios consulares.
- Profesionalizar y modernizar la política consular con el establecimiento de estándares mínimos de atención, digitalización y transparencia y la creación de agregadurías especializadas en asuntos de diáspora (educación, inversión, cultura, retorno); y la implementación de un sistema de evaluación ciudadana de los consulados.
- Fomentar la organización política transnacional. Debido a que no puede crear partidos, el Estado debe facilitar espacios de encuentro, promover Consejos de Consulta renovados y funcionales, apoyar plataformas de participación digital, e incentivar redes profesionales, empresariales y académicas. Una diáspora organizada es una diáspora con poder de negociación.
- Establecer un mecanismo de consulta pública PEX para reformas electorales. Cualquier cambio que afecte el voto exterior debe ser consultado con la diáspora; debe incluir estudios de impacto y requerir mayorías calificadas. Esto evitará que el voto PEX sea utilizado como arma política coyuntural.
- Crear un programa de retorno político y profesional, como lo han hecho Corea del Sur, India y México, con el establecimiento de becas para profesionales PEX que deseen integrarse al sector público, incentivos para proyectos de innovación y desarrollo y mecanismos de transferencia de conocimiento. Se debe reconocer que la diáspora no solo envía dinero: envía capacidades.
- Integrar a la diáspora en la planificación nacional. Incluirla en la formulación de políticas de largo plazo; incorporar indicadores de migración y remesas en la planificación territorial y reconocerla formalmente como importante actor del desarrollo nacional peruano.
Conclusión: hacia una democracia transnacional
El debate sobre el voto exterior no es un debate sobre preferencias electorales. Es un debate sobre quién pertenece a la comunidad política peruana. La diáspora no es un actor externo. No es un grupo accesorio. No es un voto “prestado”. Es parte constitutiva del Perú contemporáneo: económica, cultural y demográficamente.
La pregunta no es si la diáspora debe votar. La pregunta es cómo construir un sistema político capaz de integrar a una ciudadanía que ya es, por naturaleza, transnacional. Si Perú moderniza su arquitectura institucional, la “Región 27” dejará de ser una metáfora y se convertirá en un componente estable de su democracia. Si no lo hace, el país seguirá atrapado en un ciclo de sospechas, tensiones y debates recurrentes sobre la legitimidad de millones de sus propios ciudadanos.
El Perú ya no más debe acordarse de su diáspora cuando necesita sus votos o su dinero. Y la diáspora, a su vez, debe dejar de permanecer invisible, debe saberse útil, celebrada y contada. Ya no más una región fantasma. Menos aún invisible.
La elección de 2026 ha demostrado que la inacción del Estado frente a la diáspora es costosa, dolorosa y penosa.
