Las 15 acciones más nefastas de la “bancada cyan” en 2021, en El Salvador

Aprobación inmediata a la mayoría de propuestas de ley sin un estudio minucioso.

Por Leonel Herrera*

Con la súper mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones del 28 de febrero, el oficialismo tenía —a partir del 1o de mayo— la correlación suficiente para aprobar todas las leyes que el país necesita para resolver los problemas que afectan a la población y cumplir las promesas de cambio con las que Nayib Bukele ganó la Presidencia. Antes de esta fecha no era posible debido a que, según la narrativa gubernamental, el control opositor de la Asamblea Legislativa era el principal obstáculo.

Por tanto, las condiciones estaban dadas para aprobar la postergada reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más”, la derogación o reforma de la veintena de leyes que permiten la elusión tributaria, la desprivatización del sistema de pensiones, la aprobación de una ley de agua no privatizadora, la despenalización del aborto en las causales que plantean las organizaciones feministas, la aprobación de la ley de reconciliación y otras normativas necesarias.

Pero no. En vez de esto, la autodenominada “bancada cyan” y sus aliados legislativos han aprobado una serie de medidas enviadas por Casa Presidencial, cuyas consecuencias son el desmantelamiento institucional, la concentración de poder, la impunidad de la corrupción, la crisis de las finanzas públicas y vulneraciones a derechos de la población. A continuación, un recuento de las 15 acciones más perversas cometidas en tan solo siete meses de gestión parlamentaria oficialista.

1. Destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional

En su primera sesión plenaria, el 1o de mayo, la bancada oficialista destituyó en forma fulminante, sin ninguna evaluación previa y saltándose el debido proceso, a los cinco magistrados de la Sala Constitucional, alegando que éstos “atentaron contra la salud de la población” al declarar inconstitucionales algunos decretos de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Acto seguido, y sin ningún proceso de selección, nombraron a los nuevos magistrados afines al gobierno.

Los nuevos magistrados ya autorizaron la reelección presidencial, avalaron una reforma que obligó el retiro de un tercio de los jueces y negaron la extradición de miembros de pandillas con las cuales el gobierno mantiene las negociaciones que fueron reveladas por el periodismo investigativo. Controlando la Sala, el bukelismo garantiza que ninguna acción suya será revertida, menoscaba la independencia judicial y altera la separación de poderes. Por tanto es un atentado contra la democracia.

2. Destitución del fiscal general

Ese mismo día los diputados gobiernistas destituyeron también al fiscal general, de la misma forma arbitraria e ilegal con que despidieron a los magistrados, solo que en este caso la justificación fue la supuesta afiliación partidaria del funcionario destituido. Inmediatamente nombraron a un fiscal afín, quien pronto suspendió las investigaciones sobre actos de corrupción y las negociaciones gubernamentales con las maras, según confirmó recientemente el exfiscal anti-mafia German Arriaza.

El fiscal impuesto Rodolfo Delgado también ha procesado a varios opositores del gobierno y asumió la misma narrativa oficial sobre temas de seguridad pública, sobre todo en relación a la reducción de asesinatos y el aumento de las desapariciones. El nombramiento de un fiscal gobiernista atenta contra la autonomía y la independencia de la institución, cuya responsabilidad es garantizar la legalidad, perseguir los delitos (incluidos los del gobierno) y defender los intereses del Estado y la sociedad.

3. Aprobación de la “Ley Alabí”

El 5 de mayo la “bancada cyan” y sus cómplices aprobaron la “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionados por la Pandemia de COVID-19”, presentada por el cuestionado ministro de Salud, Francisco Alabí. Detrás de tan insospechado título se esconde una de las leyes más perniciosas para el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción y el buen uso de los fondos estatales.

Esta vergonzosa ley es manto de impunidad sobre mal uso del dinero público, pues impide conocer detalles sobre el manejo de fondos durante la pandemia y blinda ante posibles demandas a los funcionarios responsables. La normativa, además, vulnera el derecho a la salud de la gente porque no permite proceder legalmente en casos de mala práxis médica. La “Ley Alabí” fue uno de los motivos de discordia entre el gobierno y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

4. Envío al archivo de varios proyectos de ley presentados por organizaciones sociales

El 14 de mayo los diputados de Nuevas Ideas enviaron al archivo decenas de piezas de correspondencia presentadas, mayoritariamente por organizaciones sociales durante legislaturas anteriores. Entre éstas habían propuestas de ley de agua, soberanía alimentaria, prohibición de agrotóxicos, identidad de género, reconciliación, despenalización del aborto, protección a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, impuestos progresivos a las grandes empresas, entre otros temas.

La reprobable acción obedecía a una estrategia propagandística de “borrón y cuenta nueva” y ninguna de estas propuestas fue retomada. Entre las piezas archivadas también estaba la propuesta de reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación. Sin siquiera revisarlas, los parlamentarios bukelistas dijeron que ésta y las demás propuestas no respondían a las necesidades del país y que solo representaban los intereses de “los mismos de siempre”.

5. Imposición del bitcoin

El 8 de junio los parlamentarios de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la “Ley del Bitcoin”, que impuso a este criptoactivo como moneda de uso legal en el país. La normativa fue avalada en forma inconsulta y sin ningún debate técnico, en un proceso legislativo que duró pocas horas. Según el semanario digital El Faro, la medida fue acordada en una reunión virtual de dos hermanos del presidente Bukele y un par de funcionarios de Casa Presidencial con activistas criptomonederos.

La adopción del Bitcoin es cuestionable por los riesgos de la alta volatilidad y la fluctuación extrema de su valor, el riesgo de una desdolarización, los peligros de utilizarlo para lavar dinero y el costo ambiental de la criptominería, entre otros aspectos negativos. Para realizar las transacciones con la criptomoneda el gobierno creó la billetera digital “Chivo Wallet”, sobre la cual hay crecientes denuncias de robo de datos, usurpación de identidad, fraude financiero y falta de transparencia.

6. Eliminación de requisitos ambientales y sanitarios a construcciones

El 15 de julio la mayoría oficialista derogó y modificó artículos del Código de Salud para eliminar requisitos sanitarios y ambientales a las construcciones, alegando la existencia de dualidad con otras normativas. La reforma —que constituye una desprotección de los ecosistemas y la salud de la población— es consecuente con la narrativa gubernamental sobre la necesidad de “agilizar los permisos” a proyectos urbanísticos y evitar que la defensa del medioambiente se convierta en un “freno al desarrollo”.

7. Jubilación obligada de jueces y remoción arbitraria de fiscales

El 31 de agosto los diputados bukelistas reformaron la Ley de la Carrera Judicial para obligar a jubilarse a todos los jueces mayores de 60 años y a los que tenían más de 30 años de servicio. La medida —justificada falazmente con la popular demanda de depurar a los jueces corruptos— permitió al gobierno sustituir a un tercio de los jueces y remover a otros más. Entre los jubilados y removidos había jueces que llevaba casos relevantes sobre corrupción, crímenes de lesa humanidad y daños ambientales.

También reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía para remover a fiscales. Ambas reformas permiten al bukelismo avanzar en el control del sistema judicial y complementan el golpe dado con la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal. Ahora Bukele controla o incide en todo el proceso penal: en la Fiscalía que investiga, la Policía que captura, los jueces que condenan, la Corte (cámaras y salas) que confirma las condenas y el sistema penitenciario que encarcela.

8. Rechazo a la “Iniciativa Beatriz”

El 20 de octubre la mayoría oficialista mandó al archivo una reforma legal para despenalizar el aborto. La llamada “Iniciativa Beatriz”, —propuesta por organizaciones feministas— planteaba la interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre, la vida del feto no sea viable fuera del útero y en caso de violación sexual. Vociferando rancios discursos conservadores, los muy cool “diputados cyan” negaron el derecho a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo.

9. Anulación de la prohibición de la minería metálica

El 26 de octubre Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la “Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas”, que abriría las puertas a la minería metálica prohibida por ley en 2017. En esa fecha, la Asamblea aprobó por unanimidad una normativa que proscribió a esta nociva industria extractive, que es inviable en el país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el estrés hídrico; sin embargo, el bukelismo irrespeta este importante consenso nacional.

10. Aprobación de la “Ley de Desalojos”

El 24 de noviembre los parlamentarios oficialistas avalaron la “Ley de Expropiación para Obras Municipales”, que podría derivar en desalojo de comunidades ubicadas en sitios requeridos por la recién creada Dirección de Obras Municipales dependiente de Casa Presidencial. La normativa se aprobó tres días después de que el presidente Bukele anunciara la creación de la “Bitcoin City”, una ciudad privada en el departamento de La Unión, donde probablemente haya que desalojar a los lugareños.

11. Aprobación de una “ley privatizadora del agua”

El 22 de diciembre, en la última sesión plenaria del año, la “bancada cyan” y compañía aprobaron la “Ley General de Recursos Hídricos”, normativa que dista mucho de la ley no privatizadora del agua que había prometido el oficialismo. La cuestionada ley no incorporó las propuestas de las organizaciones sociales, iglesias y universidades; pero sí las demandas del sector privado, entre éstas las concesiones por 15 años o más para las grandes empresas que explotan comercialmente el bien hídrico.

Aunque la ley menciona el derecho humano al agua, protección de cuencas y otros conceptos, el contenido y espíritu de la normativa no es consecuente con tales principios. También el ente rector de las políticas hídricas quedó integrado únicamente por representantes del gobierno, pero el sesgo neoliberal de la administración Bukele y su prioridad por la inversión y los negocios advierten que llevar agua suficiente y de calidad para la población, no será el objetivo principal en la aplicación de dicha ley.

12. Reelección del fiscal general impuesto

En la misma sesión plenaria los diputados oficialistas reeligieron al fiscal general Rodolfo Delgado, impuesto el pasado 1o de mayo y sin más mérito que someterse a los intereses del Ejecutivo, sobre todo frenando las investigaciones de casos de corrupción y sobre las negociaciones con pandillas. Según publicaciones periodísticas, Delgado ha sido socio del ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y miembro del “Clan Saca” que cogobierna con Nayib Bukele.

13. Aprobación del presupuesto 2022

Para cerrar el año los parlamentarios gobiernistas, además, aprobaron el Presupuesto Estatal 2022. Aunque tiene como aspecto positivo el aumento de recursos para Salud y Educación, el presupuesto —en general— no responde adecuadamente a las necesidades del país, sino a la agenda bukelista. Lo confirma el alto presupuesto para la Fuerza Armada (890 millones de dólares), la reducción para la UES y el bajo financiamiento para saneamiento ambiental, programas para sectores vulnerables y otros ámbitos sensibles.

Según economistas críticos, el desfinanciamiento nominal de casi 500 millones de dólares en realidad podría llegar a 1,200 millones. La falta de transparencia y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en su ejecución, son también deficitarios. El presupuesto también podría ser irreal si no se cumple la proyección de ingresos por recaudación tributaria y el impago de la deuda será inminente si el gobierno no consigue más préstamos. A no ser que la incierta apuesta por los bonos en bitcoin funcionara…

14. Aval a más endeudamiento público

La aprobación de nuevos préstamos, emisión de bonos o contratación de deuda de corto plazo ha sido un punto recurrente en casi todas las sesiones plenarias desde el 1o de mayo (“martes de endeudamiento”). La bancada oficialista ha aprobado más de 3,000 millones de dólares, llevando el endeudamiento por encima de los límites históricos. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) la deuda del país ronda los 23,000  millones de dólares, equivalentes a más del 90% del PIB.

Sumando los 4,000 millones de dólares en préstamos aprobados por la legislatura anterior (la opositora que según Bukele no le aprobaba “ni un centavo partido por la mitad”) la deuda del actual gobierno raya los 7,000 millones de dólares, es decir: el 30% de la deuda total. Igual que sus antecesores, Bukele prefiere el camino fácil aunque peligroso del endeudamiento en vez de buscar más ingresos a través de medidas tributarias progresivas o eliminando la evasión y la elusión fiscal.

15. Intento de reformar la LAIP y de aprobar una LAEX

Termina este recuento de acciones nefastas del bukelismo parlamentario con dos intentos de aprobación de normativas que serían altamente perjudiciales. Una es el intento de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para declarar información reservada las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y otras medidas que —en la práctica— culminarían el proceso de cierre del acceso a la información y representaría la “derogación fáctica” de la LAIP por parte del gobierno y sus diputados.

Y la otra es la intención aún latente de avalar una ley para restringir a la cooperación internacional y arremeter contra las organizaciones nacionales que reciben fondos de dicha cooperación. La propuesta de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” plantea un leonino impuesto del 30% a donaciones internacionales y sanciones arbitrarias, discrecionales y desproporcionadas contra organizaciones sociales: multas de hasta 250 mil dólares, penas de cárcel de 3 a 5 años y posible cancelación de la personería jurídica.

Estas 15 acciones perniciosas de la tristemente célebre “bancada cyan” y demás grupos parlamentarios títeres de Casa Presidencial confirman los graves retrocesos que sufre el país, y retratan a la actual gestión legislativa como una oportunidad perdida para la aprobación de las leyes que realmente necesita el país, para superar los problemas estructurales relacionados con la alta concentración de la riqueza, la corrupción, la pobreza, la violencia, la migración, el deterioro ambiental, etc.

*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS. Miembro de la Mesa de Protección a Periodistas y de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo)

 

 

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