Margarita Posada del Foro de la Salud, señaló que Meléndez en los presuntos crímenes de corrupción “sigue evadiendo y postergando sonados casos en los que intervinieron personeros de las élites económicas del país”, como por ejemplo los destinatarios de las donaciones de China (Taiwán), el fondo FECEPE, los 150 casos presentados por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, el del magistrado Belarmino Jaime, las empresas que desvían flujos económicos hacia paraísos fiscales con tal de no pagar impuestos en el país, y el de los exfuncionarios de las administraciones gubernamentales de ARENA que recibieron sobresueldos desde la Presidencia de la República.
Posada recriminó a Meléndez y que como ASGOJU han presentado avisos múltiples sobre todos los mencionados y en ninguna ocasión han tenido respuesta, y por el proceder de la Fiscalía General de la República (FGR), no se está investigando ni persiguiendo a ninguno de los señalados, como sí se ha hecho con otros que son más recientes y que tienen que ver con personajes vinculados a los dos últimos gobiernos, así como la persecución al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.
Con este proceder, aseguran, el fiscal general no muestra interés en combatir a los grandes evasores de impuestos ni en recuperar los dineros de la corrupción y, ante ello, ni siquiera puede justificar que no se ha activado el mecanismo para que se investigue, porque se han denunciado todos los casos, afirmó Posada.
ASGOJU afirma que “el Fiscal es tan hipócrita cuando llora por las reformas a la Ley de Extinción de Dominio al decir que le han quitado garras a la lucha contra la corrupción” pero hasta la fecha no ha hecho más que ir a ver un rancho de Francisco Flores por su denuncia de actos corrupción y de ahí no ha utilizado la mencionada ley contra cada uno de los casos de corrupción que están más que evidenciados.
También consideran que si el Fiscal fuera coherente y quisiera recuperar dineros de ilícitos para financiar su presupuesto, habría aplicado la ley contra el partido ARENA, ya que en el proceso judicial por las millonarias donaciones de China (Taiwán), el instituto político sí aceptó haber recibido los $10 millones para financiar su campaña, aunque el dinero debía ser destinado a los damnificados por los terremotos de 2001.
Ante el desequilibrio de las investigaciones fiscales, ASGOJU se pregunta quién le define la agenda al Fiscal o será que “él hace lo que la Embajada de Estados Unidos le dicta”.
“Él lejos de terminar su período como el Fiscal del pueblo, será recordado como el que defiende la oligarquía y a los corruptos, así como a los intervencionistas”, señaló Posada.
Las organizaciones sociales exigieron al fiscal que corrija su desempeño parcial y sesgado, recomendaron actuar con imparcialidad y transparencia, y perseguir con el mismo interés, decisión y contundencia los delitos de corrupción que están activados en la FGR.
“Le recordamos que su antecesor está preso por no cumplir con su mandato constitucional”, le observaron los miembros de las organizaciones sociales.
Posada también cuestionó el proceder fiscal no solo en los delitos de corrupción y del pasado, sino en otras áreas como la electoral, donde ya hay dos precandidatos del partido ARENA en campaña abierta y los fiscales electorales tampoco actúan cumpliendo su mandato.
“Vemos una agenda parcializada del fiscal, vemos cómo le destina recursos y esfuerzos a casos que tocan intereses de la oligarquía y omite investigar sobre crímenes de lesa humanidad”, cuestionó Posada.
Mirna Perla, del movimiento de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, señaló que el Fiscal tendría que haber actuado incluso antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por casos muy graves como el asesinato de Marianella García Villas, la masacre de FENASTRAS, donde también fue asesinada Febe Elizabeth Velásquez, las masacres de El Mozote y el Sumpul, el magnicidio de Monseñor Romero, el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA o la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, todos con expedientes abiertos en la FGR.
“El Fiscal opta por escoger los delitos cometidos por la guerrilla donde no tenían el apoyo del Estado para cometerlos, que no tenían la capacidad de hacer tanto daño como lo hicieron los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas con sus batallones especiales que a lo largo y ancho del país aplicaron la tortura sistemática, el exterminio de la población civil y también la desaparición forzada, crímenes reconocidos a nivel internacional con sentencias de la CIDH, obligando al Estado iniciar las investigaciones apartando cualquier tipo de argumento, incluyendo el de no contar con recursos económico como es en el que se justifica el Fiscal para no haber actuado”, señaló Perla.
La defensora de derechos humanos aseguró que la FGR no ha priorizado su trabajo en resolver crímenes graves, de lesa humanidad, que ofenden a las víctimas ya que han sido cometidos con lujo de barbarie e impunidad, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
También exigieron como pueblo soberano el respeto de la Embajadora, Jean Manes, quien aseguran “está cometiendo una grave intromisión, saliéndose de sus protocolos de actuación como lo debe hacer cualquier embajador en el país. No puede estar interviniendo en la política nacional y menos dictándole al Fiscal lo que tiene que hacer”.
Daniel Portillo, del Colectivo San Jacinto, señaló que el Fiscal también le está negando el derecho a la memoria histórica a la juventud salvadoreña, al no investigar los crímenes de la guerra por los que no hay nadie preso, condenado y menos investigado.
“No puede ser que el sufrimiento humano de la población civil sea ignorado y que el Fiscal esté defendiendo objetivos militares que sí tenían cómo defenderse”, concluyó señalando.
