El fiscal general impuesto en El Salvador, Rodolfo Delgado. Foto: FGR
Por Red Informativa ARPAS
Además de aprobar un presupuesto estatal 2022 que no responde adecuadamente a las necesidades reales de la gente y una ley “privatizadora” del agua, la mayoría parlamentaria oficialista reeligió —en la última sesión plenaria del año pasado— al fiscal impuesto Rodolfo Delgado.
Delgado —ex socio del ministro de seguridad Gustavo Villatoro y miembro del “Clan Saca” que cogobierna con Nayib Bukele— ya había sido nombrado el 1o de mayo de 2021 sin seguir el requerido proceso de elección, tras la destitución arbitraria e ilegal del entonces fiscal general Raúl Melara.
El periodismo investigativo ha confirmado que la verdadera razón de la destitución de Melara, era la urgencia del bukelismo de parar las investigaciones que éste realizaba sobre negociaciones del gobierno con pandillas, y casos de corrupción presentados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Esto también fue confirmado por el exfiscal anti mafia German Arriaza, quien declaró que el fiscal impuesto suspendió las investigaciones sobre acuerdos gubernamentales con las maras. Con Rodolfo Delgado también se detuvieron las diligencias fiscales sobre casos de corrupción que involucran a funcionarios de Bukele.
Así que esos son los “méritos” del fiscal impuesto para ser re-impuesto en el cargo por la “bancada cyan” y sus aliados. El fiscal bukelista, además, asume la narrativa gubernamental en temas de seguridad como la “reducción de asesinatos” y el aumento de las desapariciones; y se presta a la estrategia de perseguir penalmente a opositores del gobierno.
Con la re-imposición del fiscal, el bukelismo controla todas las instancias involucradas en el proceso judicial: la Fiscalía que acusa, la Policía que captura, los jueces que condenan, la Corte Suprema de Justicia (cámaras, salas) que ratifica las sentencias y el sistema penitenciario que encarcela. A esto se suma la Asamblea que aprueba las leyes.
Por tanto, la re-imposición del fiscal oficialista tiene gravísimas repercusiones en el respeto a derechos fundamentales, el debido proceso y la separación de poderes. Con la continuidad de Delgado la instancia responsable de hacer valer la legalidad, perseguir el delito y defender los intereses del Estado y de la sociedad, se confirma como guardián de los intereses de Bukele y compañía.
