El presidente Bernardo Arévalo estuvo en cadena nacional. Foto Google/FB
Redacción ML Noticias
En la última semana, la democracia en Guatemala se ha visto amenazada. Un juez, a petición del Ministerio Público, declaró que el partido político del presidente Bernardo Arévalo, Semilla, no estaba legalmente constituido, lo anuló y ordenó al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral que tomaran las medidas legales correspondientes. La orden fue ampliamente interpretada como un intento de golpe de Estado, ya que implicaba que cualquier cargo obtenido por los miembros de Semilla en 2023 era ilegítimo. El Tribunal Supremo Electoral refutó la orden, confirmando la legitimidad de las victorias electorales de Semilla en 2023, incluida la presidencia. Un día después, la Corte de Constitucionalidad respaldó esta postura. Analistas en Guatemala señalan este esfuerzo del Ministerio Público como parte de una creciente campaña de desestabilización.
El Tribunal Constitucional frustra un aparente intento de golpe de Estado
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo advirtió el fin de semana pasado sobre un posible golpe de Estado después de que el juez Fredy Orellana emitiera, el 24 de octubre, un fallo que anulaba todas las acciones relacionadas con el Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, y lo declaraba disuelto. En su intento por disolver el partido , Orellana citó alegaciones de firmas falsificadas en el registro de Semilla como organización política. Si bien el Ministerio Público suspendió a Semilla como partido político el año pasado, impidiendo que sus representantes en el Congreso ejercieran cargos de liderazgo y les negaba la posibilidad de votar en bloque, el reciente fallo de Orellana alegó que el partido nunca existió legalmente. Orellana ordenó al Registro Ciudadano del Tribunal Supremo Electoral y al Congreso guatemalteco que tomaran las medidas requeridas por la ley.
En un discurso televisado, Arévalo afirmó que la medida representaba un intento de revocar los cargos obtenidos por Semilla en las últimas elecciones, incluyendo la presidencia, la vicepresidencia y 23 escaños en el Congreso. “Orellana, un sicario que manipula la ley al servicio de la [Fiscal General] Consuelo Porras, está intentando forzar la destitución inconstitucional de funcionarios electos”, declaró.
Además, acusó a Porras, Orellana y sus cómplices de “utilizar procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando sofocar la motivación para la defensa de la democracia y obtener confesiones y denuncias falsas como instrumentos para un golpe de Estado”. Señaló que “este macabro procedimiento mantiene en prisión a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas que lideraron la defensa pacífica de la democracia durante el intento de golpe de Estado de 2023”. Arévalo afirmó que el objetivo final de estos esfuerzos es “impedir el rescate de las instituciones democráticas y crear las condiciones para corromper los procesos electorales de 2026, así como los órganos y controles judiciales, enterrando la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes en 2027”. Arévalo instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destituir al juez Orellana y exhortó a la Corte Constitucional a garantizar la protección de los resultados de las elecciones de 2023. Asimismo, invocó la Carta Democrática Interamericana y solicitó una sesión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En un comunicado , la OEA afirmó “la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas de conformidad con la Constitución y el Estado de derecho, así como de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que en las elecciones generales de 2023 —realizadas con plena legitimidad según la misión de observación de la OEA— eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional”. La OEA también celebró una sesión extraordinaria para examinar las “graves amenazas al orden constitucional y democrático en Guatemala”.
El 26 de octubre, autoridades indígenas que representan a más de 70 territorios de Guatemala exigieron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Porras y Orellana para que pudieran ser procesados por violar los principios democráticos y desobedecer el fallo de la Corte Constitucional, que en 2023 ratificó los resultados electorales. Asimismo, exhortaron al Congreso de Guatemala y al Tribunal Supremo Electoral a “abstenerse de ejecutar disposiciones totalmente ilegales” y pidieron a la comunidad internacional “implementar todos los protocolos para observar y acompañar al pueblo de Guatemala ante la crisis provocada por los títeres del pacto corrupto”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió el 27 de octubre a la orden del juez Orellana: “El asunto en cuanto a los resultados [de las elecciones de 2023] ha quedado zanjado”, declaró la presidenta del TSE, Blanca Alfaro. El TSE afirmó que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones y rechazó la solicitud de suspensión del presidente y de los demás funcionarios debidamente electos.
Antes de que el Congreso guatemalteco pudiera responder a la orden de Orellana, la Corte Constitucional intervino. El 28 de octubre, la Corte Constitucional reafirmó su dictamen de 2023 que declaraba válidos los resultados de las elecciones. La Corte suspendió la resolución del juez Orellana y anuló las órdenes de anulación del partido Semilla que el juez Orellana había enviado al Congreso guatemalteco y al TSE. Además, la Corte declaró que las acciones del juez amenazaban “los derechos al voto y a ser elegido, la democracia, la soberanía popular y el sistema democrático y republicano consagrados en la Constitución”. La Corte advirtió al juez Orellana que “se abstuviera de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, especialmente aquellas normas en las que se basa el sistema electoral democrático, republicano y representativo del Estado, teniendo en cuenta que los resultados del proceso electoral son ahora definitivos”.
El juez Fredy Orellana, al igual que el fiscal general Porras, figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., que recoge a personas corruptas, y ha sido sancionado por la Unión Europea. El 31 de octubre, la Unión Europea, en un comunicado, celebró el fallo de la Corte Constitucional, pero expresó su preocupación por los continuos intentos de socavar el orden democrático y el estado de derecho en Guatemala, incluso mediante acciones legales emprendidas por el Ministerio Público y otros miembros del poder judicial contra varios funcionarios del gobierno.
Porras promete continuar las investigaciones y solicita la destitución de Arévalo .
La Fiscalía General de la República ha negado las acusaciones de Arévalo sobre un intento de golpe de Estado, calificándolas de “falsas”, y se ha comprometido a continuar investigando al presidente y a su partido. El Ministerio Público, dirigido por Porras, ha interpuesto más de una docena de demandas infundadas contra el presidente y su partido desde que Arévalo asumió la presidencia en enero de 2024, y en al menos cuatro casos ha solicitado el levantamiento de su inmunidad, petición que hasta la fecha la Corte Suprema de Guatemala ha desestimado. Uno de los codemandantes en muchos de estos casos es la Fundación Contra el Terrorismo, una organización creada para abogar por la impunidad de los miembros del ejército acusados de graves violaciones a los derechos humanos. El fundador de la organización, Ricardo Méndez Ruiz, ha obstaculizado el avance de los juicios contra militares y delincuentes de cuello blanco acusados de lavado de dinero y otros delitos. Sancionado por la Unión Europea, ha sido investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El 29 de octubre, el Ministerio Público anunció una nueva investigación contra Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera por “incumplimiento del deber” y solicitó el levantamiento de su inmunidad. El caso se relaciona con la fuga de prisión de al menos 20 reclusos, miembros de la pandilla Barrio 18, que se encontraban recluidos en una cárcel de alta seguridad en las afueras de la Ciudad de Guatemala. Las fugas, que ocurrieron durante agosto y se conocieron recién en octubre, tuvieron repercusión internacional y provocaron la renuncia del ministro del Interior, Francisco Jiménez; la viceministra de Lucha contra el Narcotráfico, Claudia Palencia; y el viceministro de Seguridad, José Portillo. El fiscal general Porras aprovechó la noticia de las fugas para acusar públicamente a Arévalo de ser responsable de una “crisis de seguridad” en el país.
Como fundamento de su investigación contra el presidente Arévalo y el vicepresidente Herrera, el Ministerio Público argumenta que, en su calidad de jefes del poder ejecutivo, tenían la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y supervisar las instituciones de seguridad, incluido el sistema penitenciario, y que no tomaron medidas para impedir la fuga de los reclusos. El Ministerio Público dedicó casi la mitad de su comunicado anunciando la investigación a defender sus propias acciones, enumerando como logros la detención de cuatro de los fugitivos y de 24 funcionarios penitenciarios. El Ministerio Público también señaló que ha emitido órdenes de aprehensión contra Jiménez y Palencia. Sin embargo, analistas guatemaltecos han señalado que a ninguno de estos exfuncionarios se le ordenó permanecer en Guatemala, y que la orden de aprehensión contra Jiménez se emitió dos días después de que el medio de comunicación guatemalteco Soy 502 informara que había huido del país y se encontraba en Panamá, país que no tiene tratado de extradición con Guatemala. Se desconoce el paradero de Palencia.
Arévalo presenta demanda contra Rafael Curruchiche y Fredy Orellana
El 30 de octubre, el presidente Arévalo anunció que presentaría una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia contra el juez Fredy Orellana, a quien acusa de actuar fuera de la ley e intentar un golpe de Estado al ordenar la nulidad absoluta de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla con la intención de revocar los resultados electorales que le dieron la victoria. “Tras el fallo de la Corte Constitucional”, declaró, “quedó demostrado que es un embustero que cometió actos contrarios a la ley. En nuestra opinión, procede su destitución”. Arévalo también anunció que presentaría una denuncia penal contra Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especializada en Impunidad, a quien acusó de cometer diversos delitos por haber solicitado la anulación del partido, entre otras acciones recientes.
Colectivo estudiantil universitario señala campaña de desestabilización
El Colectivo Estudiantil Universitario declaró en un comunicado que Consuelo Porras, Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y Ricardo Méndez Ruiz han estado cometiendo crímenes flagrantes y sistemáticos durante años, y que algunos miembros del sector empresarial, afiliados a la Cámara de Industria y a la Cámara de Agricultura, han brindado un apoyo apenas disimulado a estos crímenes, sin criticar las violaciones sistemáticas de la ley cometidas por estos individuos. Los estudiantes plantean la hipótesis de que algunos de estos miembros del sector empresarial podrían estar coordinando o financiando al Ministerio Público y a sus aliados en estos crímenes. También plantean la hipótesis de que un partido político de oposición, la UNE, y otro partido de oposición, VAMOS, podrían estar colaborando en lo que señalan como una campaña de desestabilización. Junto con la fuga de 20 presos, como evidencia de dicha campaña, los estudiantes enumeraron acusaciones espurias del Ministerio Público contra varios funcionarios del Ministerio de Salud, así como contra el hermano de Arévalo, miembro del Congreso, y otros, relacionadas con pagos legítimos por medicamentos realizados a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas. la aparición de nueve miembros asesinados de Barrio 18 cuyos cadáveres fueron metidos en bolsas; y el robo de municiones y armas de una base militar en el norte de Guatemala.
Méndez Ruiz presenta denuncia por robo de armas
Ricardo Méndez Ruiz, quien durante años ha liderado una campaña de litigios contra defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, fiscales anticorrupción, periodistas y el presidente Arévalo y su administración, presentó una denuncia relacionada con el robo de armas de una base militar. El 26 de octubre, presuntamente se robaron 69 fusiles, 4 lanzagranadas y más de 60.000 cartuchos de munición calibre 5.56 del Comando Aéreo del Ejército en Flores, Petén. El robo provocó que algunos miembros del ejército exigieran la renuncia del ministro de Defensa y otros altos mandos militares. Ricardo Méndez Ruiz, a quien la prensa cita como fuente sobre la cantidad y el tipo de artículos faltantes y la forma en que se descubrió el robo, presentó una denuncia formal contra quienes considera responsables por aparente negligencia o complicidad. Como para confirmar la hipótesis del Colectivo Estudiantil Universitario descrita anteriormente, la Cámara de Industria de Guatemala caracterizó hiperbólicamente el robo como un indicio de “deterioro de la gobernabilidad y de la capacidad del Estado para proteger a la población”.
