Foto: cortesía Democracy Now!
En Honduras, los activistas en defensa de los derechos humanos advierten sobre posibles violaciones a dichos derechos luego de que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro declarara el estado de excepción, suspendiendo algunos derechos constitucionales en las dos ciudades más grandes de Honduras, la capital, Tegucigalpa, y San Pedro Sula.
La medida es parte de un operativo masivo contra las pandillas y el crimen organizado. Se han desplegado miles de policías en ambas ciudades con la finalidad de arrestar y registrar de manera arbitraria a las personas que sean sospechosas de participar en actividades delictivas. Está programado que el estado de excepción se mantenga durante un mes, pero los legisladores hondureños tienen la facultad de extender este plazo. En marzo se impuso un decreto similar en el vecino El Salvador.
Human Rights Watch critica la violenta represión contra los sectores pobres como parte de la política antipandillas de El Salvador
Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch condena los continuos abusos que se ejercen bajo el estado de excepción que el presidente Nayib Bukele promulgó hace casi un año con el fin de abordar la violencia que ejercen las pandillas.
Las fuerzas de seguridad están siendo acusadas de llevar a cabo arrestos y detenciones arbitrarios y masivos, así como desapariciones forzadas y torturas. Las autoridades salvadoreñas han realizado redadas indiscriminadas en barrios de bajos recursos y, en dichas redadas, han arrestado a más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 menores.
Desde que comenzó el estado de excepción en marzo, al menos 90 personas han muerto bajo custodia policial. Estas fueron las palabras expresadas por la directora para América de la organización Human Rights Watch, Juanita Gobertus.
Juanita Gobertus: “Estamos convencidos de que por supuesto se necesita una política de seguridad para desmantelar a las pandillas, pero no es sostenible una política basada en la violación de derechos humanos. No es sostenible una política que simplemente se concentra en mandar a jóvenes marginalizados a la cárcel sin siquiera la posibilidad de defenderse, de que un juez vea sus casos”.
