Desde Maryland dicen no al uso de la criptomoneda. Foto cortesía.
Por Ramón Jiménez
Salvadoreños que residen en el área metropolitana de Washington, D.C., Maryland y Virginia rechazan la implementación del bitcoin como moneda de curso legal en su país.
La Ley Bitcoin, que entrará en vigencia a partir del 7 de septiembre, también es rechazada por nacionales de ese país residentes en otras ciudades estadunidenses como Los Ángeles, Nueva York o Houston, entre otras.
El uso de la criptomoneda fue aprobada el 5 de junio de manera expedita (sin ningún tipo de trámite ni discusión) por la Asamblea Legislativa de El Salvador —de mayoría oficialista—, quienes supuestamente obedecen las órdenes que les dicta la Presidencia de la República, que controla los tres poderes de Estado desde el 1 de mayo de este año.
«Los salvadoreños en el exterior, conscientes de la realidad que atraviesa nuestro país y el caos social y económico al que lo está llevando este régimen [de Nayib Bukele], rechazamos contundentemente la imposición de la «Ley Bitcoin», una ley caprichosa, nociva e innecesaria en beneficio del pequeño clan familiar del presidente y en detrimento de las grandes mayorías del pueblo salvadoreño. Por eso decimos #NOALBITCOIN», enfatizó el activista William Berríos, residente en Pensilvania, pero activo en el área metropolitana de Washington.
El mismo Banco Mundial rechazó la solicitud de ayuda del gobierno salvadoreño en la implementación del bitcoin como moneda de curso legal.
A ese organismo regional le preocupa la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del minado, el sistema por el que se generan nuevos bitcoins, lo cual implica que las computadoras resuelvan una serie de acertijos matemáticos, para lo que consumen una gran cantidad de energía.
Las últimas encuestas dan a conocer que la mayoría de salvadoreños residentes en su país y en el exterior no apoyan el uso del bitcoin —incluso quienes votaron por el partido que gobierna: Nuevas Ideas, en las elecciones a principios de este año—, porque consideran que su uso es muy complicado.
Aunque el gobierno del presidente Nayib Bukele ha dicho que el uso de la criptomoneda no es obligatorio, en la práctica parece que no será así, ya que con la normativa, todo agente económico debe aceptar el bitcoin, siempre que se le ofrezca en pago de su bien o servicio.
Importantes conglomerados empresariales como la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), solicitó recientemente al Órgano Ejecutivo y al Legislativo del país la modificación del artículo 7 de la Ley Bitcoin, que establece la obligatoriedad de aceptar esa criptodivisa como forma de pago.
“Ningún transportista de Centroamérica que sea contratado por una entidad económica en El Salvador aceptará como forma de pago el bitcoin, creando divisionismo en el sector por pagar al extranjero en dólares y al nacional por estar obligado con la criptomoneda”, señalaron los transportistas por medio de un comunicado.
Advierten los transportistas que de no recibir respuesta a la modificación del artículo 7 , aumentarán el 20 por ciento al valor del flete. También dejaron abierta la posibilidad de “la suspensión de sus servicios a nivel de Centroamérica y exigir a sus clientes el estricto pago al contado de sus servicios.
Diferentes sectores de la sociedad civil salvadoreña han realizado protestas en contra del Gobierno y contra la implementación de la Ley Bitcoin.
