Pedimos a las jurisdicciones de Maryland con mayor población inmigrante seguir el ejemplo.
La Comisión de Maryland por la unidad familiar esta conformada por un grupo de derechos civiles, defensores de victimas, instituciones religiosas, organizaciones comunitarias y de trabajo. La cual señala hoy las importancias acciones emitidas por el Consejo de Washington DC como el aprobar una legislación de emergencia para proteger al distrito de los impactos negativos del mal diseñado programa Federal de inmigración “comunidades seguras”. Miembros de la Comisión piden a los condados de Montgomery y Prince George – condados con mayor población inmigrante en el Estado – así como al estado de Maryland a seguir su ejemplo.
“La capital del país ha demostrado el tipo de liderazgo que necesitamos para asegurar que nuestras comunidades son protegidas del crimen y la delincuencia y no que ICE separe a nuestras familias bajo el fallido programa “Comunidades Seguras” dijo el Padre Jacek Orzechowski, Vicario Parroquial en la Iglesia San Camilo la cual se encuentra justo en la frontera de ambos condados en Silver Spring. “ Esperamos que nuestros lideres en Maryland también se pongan del lado de la justicia y ayuden a proteger a las familias de nuestra parroquia, en lugar de gastar su energía y sus recursos limitados en facilitar políticas inhumanas e injustas que solo separan a los padres de sus hijos.”
La ley de enmienda para los requisitos de órdenes de detención del Distrito ha logrado pasar por todo el proceso legislativo de manera exitosa especialmente cuando el gobierno federal impuso la activación del controversial programa “Comunidades Seguras” sin consentimiento de las autoridades locales. En respuesta, los miembros del consejo de manera unánime aprobaron una versión de emergencia de la ley la cual limita el uso por parte de ICE de infraestructura y equipo del Distrito y lograron reducir las deportaciones, únicamente respondiendo a requerimientos de detención inmigratoria para individuos que tienen 18 años o mas de edad y que hayan sido convictos de un crimen peligroso. Esta acta se basa en la orden del alcalde 2011-174 (19 de Octubre de 2011) la cual prohíbe a todas los organismos de seguridad pública preguntar sobre el estatus migratorio de los individuos o el transferir información sobre el estatus.
Los activistas en Maryland han tomado nota de todas las jurisdicciones de todo el país que han tomado medidas enérgicas para proteger iniciativas locales de vigilancia comunitaria de los efectos tóxicos que deja este programa. A principios de este año, Connecticut se convirtió en el primer estado en el país en reducir de forma significante los factores a considerar al momento de responder a las peticiones de órdenes de detención, estableciendo un conjunto de evidencias especificas al momento del cumplimiento de una solicitud de detención.
Las políticas de detención se han convertido en el último recurso que les queda a las jurisdicciones locales para evitar convertirse en agentes de inmigración. Bajo el proceso de dicha política, a toda persona que se encuentra detenida y se le ha tomado sus huellas digitales, estas son compartidas con el FBI para saber si tiene orden de arresto y con ICE. Sin embargo, las autoridades locales determinaran bajo que estándares se les detendrá a una persona si esto es requerido por ICE. En Maryland, activistas han instado a los condados de Montgomery y Prince George, así como al mismo gobernador, a optar por normas similares a las ya mencionadas en la capital del país.
A finales del mes pasado, la posición de los activistas se vio reforzada al publicarse un dictamen jurídico por Howard Law School Civil Rights Clinic bajo la dirección del Profesor Ajmel Quereshi. El cual examino la cuestión de la admisibilidad jurídica de las políticas de detención como la que Washington DC adopto recientemente. La clínica concluyo que las órdenes de detención a diferencia de órdenes de arresto no son mandatorios. Como resultado de este estudio, los gobiernos locales podrían determinar sus prioridades – como lo son la protección a las victimas o de la policía comunitaria – limitando las órdenes de detención.
Integrantes de la Comisión de Maryland por la unidad familiar ven esta acción en Washington DC como un gran paso se han comprometido a presionar a autoridades locales para aliviar el sufrimiento a nuestras familias causado por el programa Comunidades Seguras. Según un estudio publicado por el Centro de Investigación Aplicada y la Facultad de Derecho de Berkeley, más de 1 en cada 3 personas detenidas bajo Comunidades Seguras tiene un esposo (a) o hijo (a) ciudadano de los Estados Unidos. Y tan sólo en los primeros 6 meses del 2011, el departamento de inmigración dejo a más de 46.000 niños ciudadanos estadounidenses huérfanos en los Estados Unidos.
“Las personas que han sido víctimas de este sistema de inmigración quebrantado no viven en el limbo puesto que son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, van a nuestras iglesias y asisten a nuestras escuelas. Todos juntos formamos parte de Maryland y sé que podemos construir una mejor solución para los errores que enfrentamos hoy en día”, «, dijo Jaime Contreras, Director de Distrito de Service Employees International Union Local 32BJ.
La Comisión de Maryland por la unidad familiar esta conformada por grupos de derechos civiles afro-americanos, instituciones de la Fe, organizaciones contra la violencia domestica, grupos de jóvenes, trabajo, y diversas organizaciones pro-inmigrantes las cuales están comprometidas a asegurar que el quebrantado sistema de inmigración no separe a nuestras familias en Maryland.
La Comisión incluye a : the ACLU of Maryland, ACLU – Prince George’s County, AILA-DC/MD/VA Chapter, the Baltimore Hispanic Pastors Association, the Baltimore Hispanic Chamber of Commerce, Bilingual Christian Church, CASA de Maryland, Equity Matters, Maryland Network against Domestic Violence, Murphy Initiative for Justice and Peace, NAACP – Anne Arundel County Branch, NAACP-Baltimore City Branch, NAACP – Prince George’s County Branch, NAACP Maryland State Conference, National Action Network, Progressive Maryland, Progressive Neighbors, South Asian Americans Leading Together (SAALT), Sacred Heart of Jesus Catholic Parish, Safe and Sound Campaign, St. Dominics/St. Anthonys Catholic Parish, St. Camillus Parish, SEIU 32BJ, SEIU MD and DC State Council, United Workers, and the Women’s Law Center.
