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Redacción ML Noticias
La Corte Suprema dictaminó este viernes limitar la autoridad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, lo que le permite al presidente Trump eliminar la ciudadanía por nacimiento en 28 estados de un total de 50. La orden entrará en vigor dentro de 30 días. Eso permitirá que se continúe impugnando su legalidad
El dictamen de 6 votos a favor y 3 en contra, redactado por la jueza Amy Coney Barrett y dividido según líneas ideológicas, es una victoria para Trump, y puede permitir que se modifique, aunque sea temporalmente, la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos.
“Las medidas cautelares deben restringirse solo a las personas, grupos o estados que presentaron la demanda”, explicó Barrett.
Por su parte, la jueza liberal Sonia Sotomayor, en una disidencia leída desde el estrado, calificó la decisión como “una tragedia para el Estado de derecho” y una “invitación abierta a eludir la Constitución”.
También advirtió que la decisión debilita las capacidades de los tribunales para imponer bloqueos a nivel nacional y exhortó a los opositores a recurrir a demandas colectivas como alternativa legal.
La jueza Ketanji Brown Jackson, también en disidencia, advirtió que el fallo representa “una amenaza existencial para el Estado de derecho” y socava la supervisión judicial sobre las decisiones del Ejecutivo.
Los jueces tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente para que se restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que podría dejar este tema para otro momento.
El fallo del tribunal también pareció poner en entredicho la capacidad de los jueces federales para congelar políticas en todo el país, una poderosa herramienta que se ha utilizado con frecuencia en los últimos años para bloquear medidas instituidas por gobiernos, tanto demócratas como republicanos.
Jueces de todo el espectro ideológico habían criticado estos llamados mandatos judiciales de ámbito nacional, con el argumento de que animaban a buscar jueces complacientes y eludían indebidamente el proceso político al permitir que un juez paralizara una política en todo el país.
Aunque no se pronuncia directamente sobre la legalidad o constitucionalidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento, la decisión abre la puerta para que el Ejecutivo avance en su implementación en ciertos territorios.
El caso se presentó a los jueces a raíz de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, que parecía poner en entredicho el principio conocido como ciudadanía por derecho de nacimiento, que forma parte de la Constitución desde hace más de 150 años.
En todo ese tiempo la Enmienda 14 de la Constitución ha sido interpretada como garante de la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Pero el gobierno de Trump sostiene que esta interpretación ha sido abusada y busca restringir el derecho, en particular para hijos de inmigrantes indocumentados.
¿Qué significa la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?
La Corte Suprema ha permitido que el presidente Trump avance en su plan para eliminar la ciudadanía por nacimiento de manera parcial, limitando las órdenes judiciales que bloqueaban su implementación en ciertos estados. Esto no resuelve la constitucionalidad del plan, pero permite que el Ejecutivo comience a aplicar restricciones en aquellos estados que no participaron en demandas en su contra.
¿Cómo afecta esto a los hijos de inmigrantes indocumentados en EE.UU.?
En los estados donde el plan de Trump puede avanzar, los hijos de inmigrantes indocumentados podrían perder el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, en estados como New Hampshire, donde hay demandas paralelas, la ciudadanía por nacimiento sigue protegida.
