En una victoria para el movimiento de los derechos de los inmigrantes, la Suprema Corte de Estados Unidos vetó una ley que exigía la deportación obligatoria de residentes legales permanentes condenados por determinados delitos, y afirmó que la ley era inconstitucional por ser ambigua.
Neil Gorsuch, designado por el presidente Donald Trump, estuvo de acuerdo con los miembros liberales de la Suprema Corte y afirmó: “Las leyes ambiguas son una invitación para la aplicación arbitraria del poder”.
El caso se centró en el filipino James García Dimaya, quien había sido residente legal permanente de Estados Unidos desde 1992. Tras haber sido condenado por robo a una residencia, el gobierno del expresidente Barack Obama intentó deportarlo por cometer un “delito agravado” en el marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La sentencia de la Suprema Corte del martes implica que será menos probable que los delitos menores activen la deportación automática de los residentes legales permanentes.
