El Salvador: libertad de expresión bajo ataque tras espionaje sin precedentes a beneficiarios de medidas de protección de El Faro

Imagen tomada por El Faro.

14 de enero de 2022.- Ante las denuncias públicas por espionaje e intervención a integrantes del periódico digital El Faro, es urgente que el Estado salvadoreño atienda las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y adopte las medidas para preservar la integridad de las personas beneficiarias identificadas, así como para ejercer su labor periodística sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.

El 4 de enero del 2021, la CIDH adoptó la Resolución 12/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de 34 miembros del Periódico Digital El Faro en El Salvador, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal. A más de un año de esta resolución, los ataques al periodismo independiente se han agravado.

Pegasus, programa informático de vigilancia digital, desafía la forma en la que concebimos la privacidad y la seguridad en un mundo interconectado. Según algunas fuentes, alrededor del mundo más de 600 políticos y funcionarios, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios y 85 activistas, entre otros, habrían sido víctimas de este espionaje. Unos 50.000 números de teléfono habrían sido filtrados.

Carlos Dada, fundador de El Faro.

El Faro, denunció el 13 de enero que han sido intervenidos al menos 22 personas que colaboran con el medio, incluyendo jefaturas editoriales, periodistas y personal administrativo. Dichas intervenciones, ejecutadas desde el territorio salvadoreño, van desde la intercepción de llamadas y mensajes, hasta la extracción de información.

Estos hechos, confirmados a través de estudios técnicos liderados por Citizen Lab, constatan las amenazas que se hicieron públicas desde hace varios meses, tal es el caso de la empresa Apple Inc, que hizo saber a diversos usuarios salvadoreños que estaban siendo intervenidos a través de un software financiado por el Estado, enfatizando que estos actos podrían motivarse por la labor que llevan a cabo las víctimas de dichos ataques.

Lo anterior, confirma lo ya valorado por la CIDH en el otorgamiento de medidas a las y los miembros de El Faro: que los actos de hostigamiento, amenazas, intimidaciones, criminalización y estigmatización de los cuales son objeto se encuentran motivados por su actividad periodística, cuyo propósito no es solo intimidarles, sino también obstaculizar y limitar dicha labor.

Ante estas denuncias públicas por espionaje e intervención, es urgente que el Estado salvadoreño atienda las recomendaciones emitidas en la Resolución 12/2021 y adopte las medidas para preservar la vida e integridad de las personas beneficiarias identificadas de acuerdo a las necesidades de las personas beneficiarias, así como la adopción de medidas para que la labor periodística, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pueda desarrollarse sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.

Asimismo, el Estado de El Salvador tiene el deber de investigar los hechos denunciados y que motivaron el otorgamiento de las medidas de protección, así como estos nuevos y graves hechos.

Por lo anterior, consideramos necesaria la conformación de una Comisión Internacional que asegure una investigación diligente, independiente e imparcial de los hechos que atentan contra la seguridad, integridad y vida de las personas colaboradoras de El Faro, quienes han sido amenazadas y hostigadas debido a su labor periodística en El Salvador.

Desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en nuestra calidad de representantes de las personas beneficiaras de las medidas de protección otorgadas a las y los miembros del Periódico Digital El Faro,  condenamos estos graves hechos y expresamos nuestra preocupación por la ausencia de un mejoramiento en las condiciones de seguridad y garantía de ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y porque siguen confirmándose actos graves que amenazan a quienes llevan a cabo labores periodísticas, de defensa de derechos humanos o que son críticos del actual gobierno salvadoreño.

La disidencia y la libre difusión de ideas y opiniones son fundamentales en vida democrática. Urge que el Estado cese los ataques, investigue y sanciones a sus responsables y asegure condiciones seguras para la libertad de expresión y labor periodística.

 

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